Como es bien sabido, en España no se puede preguntar o consultar a la población. Ya lo intentó hace años el Lehendakari Ibarretxe, y la Generalitat de Catalunya, con distintas metodologías, de cara al 9 de noviembre de 2014, y la respuesta es la misma. En España no cabe un referéndum o una consulta autonómica relacionada con la soberanía o el modelo de Estado.
La novedad en estos días es que tampoco cabe consulta ciudadana en Canarias sobre una cuestión bien diferente: que la sociedad canaria se pronuncie sobre las prospecciones petrolíferas en las islas. Esto es, tampoco cabe consultar a la población en un asunto relativo al medio ambiente y a la explotación de los recursos naturales. En suma, por exceso o por defecto, con carácter cautelar o preventivo, la cuestión es no consultar y el Tribunal Constitucional así lo ha dejado claro, nuevamente, en estos días, firmando el mismo día 4-11-2014 las Providencias 6415, 6416 y 6540 en relación con las consultas en Catalunya y Canarias, en diferentes recursos de inconstitucionalidad contra sendas consultas populares.
Con el paso del tiempo, la democracia española se va haciendo gaseosa al tiempo que rezuma corrupción, opacidad y desapego social. El reto ahora, mediante conocidas argucias jurídicas, puede consistir en la directa desaparición de uno de los tres poderes del Estado, en este caso los legislativos autonómicos, a través de la postergación de sus competencias y potestades. Sea en el caso del petróleo en Canarias o de una mera consulta en Catalunya o en Euskadi, es claro que el Gobierno central no necesita de nadie para legislar ni para configurar su “peculiar” modelo de Estado de Derecho evitando cualquier participación directa de la sociedad.
En realidad, el fin del Gobierno estatal no es controlar la constitucionalidad de un refrendo o una consulta, sea sobre una cuestión relativa a la soberanía o sobre el petróleo de Canarias. Poco o nada importa el procedimiento, pues aquí solo se trata de impedir y hurtar el debate a ambas sociedades para conocer su parecer sobre sendas iniciativas. Como es evidente, el Gobierno del Estado desconoce el eventual resultado de ambas consultas; lo único que pretende es hurtar el debate, no sea que éste (particularmente, el debate social) se produzca y tengamos un problema de verdad. La realidad de los hechos es que al Gobierno central le sobran los Parlamentos Autonómicos y la consulta a la sociedad (sea cual fuere la materia) pues le basta consigo mismo y con el Tribunal Constitucional. En suma, lo que se hurta es la misma soberanía del pueblo representada en su corpus social y en las herramientas de participación directa que dice garantizar toda Constitución moderna.
En ellas, y también en el Derecho Internacional se viene reconociendo que los ejercicios democráticos de consulta a la ciudadanía son algo necesario y natural. Se trata de ejercicios positivos de determinación política que cumplen con las reglas propias de toda democracia moderna, como en los casos de Quebec y Escocia recientemente. En ambos casos, con aplicaciones pactadas y negociadas del derecho de libre determinación de los pueblos con el límite indisponible de los Derechos Fundamentales de todas las personas, tal y como sucede en la actualidad para cualquier Estado del contexto democrático occidental.
A tal fin, resulta imprescindible realizar una relectura del propio concepto de soberanía, en la medida en que el ejercicio del poder político público ha cambiado sustancialmente en las últimas décadas en la Unión Europea, bajo el límite explícito de los Derechos Fundamentales de todas las personas. Esta relectura debiera ser un requisito previo que sigue pendiente en España para poner al día una democracia que se niega a consultar a la sociedad, independientemente de la vinculación de la consulta o el refrendo con la soberanía estatal. Lo acaecido en Canarias vuelve a ratificar que el objetivo central del Estado es no preguntar bajo ninguna circunstancia.
En fin, en una democracia moderna, parece algo inverosímil. Sólo Cánovas podría entenderlo, resucitado como está últimamente, en aplicación de una Constitución precaria que ha hecho suyo y contra “natura” el undécimo mandamiento: ¡no consultarás!
