Hoy, 25 de octubre, es un día especialmente señalado en el calendario en lo referente al autogobierno vasco. Algunos solamente recuerdan el 25 de octubre del año 1979, cuando una mayoría de vascos aprobamos el Estatuto de Autonomía de Gernika. Pero esta fecha tiene, para los nacionalistas vascos, más significados y efemérides que recordar.
La primera de ellas nos retrotrae al siglo XIX. Concretamente a 1839. Ese momento es, para muchos, el punto de origen del denominado contencioso vasco. En dicha fecha se promulgó la denominada ley de confirmación de los fueros, también conocida como “la primera abolitoria”. En ella, el Estado español reconocía los “fueros de las provincias vascongadas y de Navarra sin perjuicio de la unidad constitucional de la monarquía”. La fórmula del “sin perjuicio” se utilizó para someter el régimen político de los territorios vascos a la uniformidad del Estado. Se eliminó el concepto de pacto y se supeditó bajo la corona española el sistema foral.
Otro 25 de octubre señalado fue más reciente. El ya indicado de 1979, en el que los vascos de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa ratificamos en referéndum el Estatuto de Autonomía de Gernika.
Y más próximo en el tiempo encontramos el 25 de octubre de 2003, día en el que el Gobierno presidido por el lehendakari Ibarretxe registró en el Parlamento Vasco el proyecto de ley de Nuevo Estatuto Político, que fue posteriormente aprobado por la Cámara de Gasteiz y que el Congreso de los Diputados ni tan siquiera admitió a trámite pese a cumplir con todos los procedimientos legales.
El 25 de octubre es, por lo tanto, más que un guarismo en el almanaque. Es una referencia histórica.
Algunos solo pretenden recordar lo acontecido hace 35 años. El PNV no resta valor a la trascendencia y relevancia que para los vascos ha tenido y tiene el Estatuto de Autonomía de Gernika. El Estatuto de autonomía vasco, pactado entre Euskadi y el Estado y refrendado por la ciudadanía, ha sido una herramienta jurídica de primer nivel que nos ha permitido a los vascos construir un sistema propio de bienestar. Unas instituciones sólidas y solventes. Una educación de calidad, una sanidad universal, unas prestaciones sociales para quienes más las necesitan, una seguridad integral, una moderna red de comunicaciones. La Euskadi que hoy disfrutamos.
Autogobierno amparado en una Ley Orgánica sometida a referéndum. Eso es el Estatuto. Como diría Rajoy, legalidad vigente, y la legalidad está para cumplirse. Llevamos ya 35 años de incumplimiento intencionado y perseverante de la legalidad. Incumplimientos intencionados de gobiernos insumisos. A día de hoy, hay más de una veintena de materias pendientes de traspaso a la Comunidad Autónoma Vasca. 35 años con transferencias no realizadas con un Gobierno español insumiso e incapaz de hacer el mínimo gesto de cumplimiento de la legalidad o de acercamiento a la misma
Pero eso no es lo peor. Lo peor radica en la política de hechos consumados, en ese cepillado continuado que se produce todos los viernes, cuando el Consejo de Ministros, so pretexto de reducir el déficit, de la igualdad del mercado o del último argumento que venga bien, aprueba leyes de bases y medidas que recortan o bloquean el margen de maniobra de la Comunidad Autónoma Vasca y sus instituciones para gestionar la capacidad jurídica que se creía propia por ley. Durante la presente legislatura, sin ir más lejos, se han planteado hasta 30 cuestiones en relación a la constitucionalidad por invasión de competencias por las decisiones adoptadas por el Gobierno español.
Cuando se observa que el Estado es incapaz de admitir que la Ertzaintza necesita renovar su plantilla, no por cuestiones soberanistas sino por puro envejecimiento de sus componentes, o cuando se imponen restricciones a la política de inversión del Gobierno vasco en materias de su estricta gestión, so pretexto de reducir un déficit que no ha creado, el desenfoque del problema se acentúa.
El problema ya no es competencial. Ni de transferencias. Es mucho más serio. Se trata de una quiebra de confianza. El Estatuto fue un pacto y tal compromiso se ha difuminado porque una de las partes lo ha considerado como una concesión unilateral y graciosa del Estado. Un privilegio que te dan o te quitan y cuyo cumplimiento siempre está sujeto a la necesidad de votos que tenga el gobierno español de turno para sustentar su mayoría en el parlamento.
No diremos que el Estatuto esté muerto. Pero las condiciones a las que se ve sometido incapacitan la posibilidad de adaptarlo a las nuevas necesidades de gobierno de la sociedad vasca. Entenderán que con este panorama no estamos para celebraciones estatutarias. El autogobierno se conmemora día a día. Ejerciéndolo y no limitándolo. Actualizándolo, y no incumpliéndolo.
El problema es grave y se agrava. Mientras tanto, el Gobierno español dice que el camino emprendido por Cataluña no es el correcto. La pregunta es: ¿Hay camino? ¿Es posible avanzar en el autogobierno? ¿Es posible para Euskadi poder crecer?
El PNV cree que sí. Pero eso nos exige un triple compromiso, un triple reconocimiento.
-Primero, el reconocimiento del sujeto que desea dirigir su destino. El reconocimiento nacional de Euskadi.
-Segundo, el compromiso a la no intromisión en las decisiones que se aborden en las competencias y atribuciones propias establecidas por ley, incluyendo, claro está, las garantías de respeto recíproco.
-Y, tercero, la asunción de que la voluntad de la ciudadanía vasca, libremente expresada, sea el filtro democrático que valide cualquier cambio del marco jurídico-político.
En ese camino, quien quiera sumarse encontrará al PNV en la Ponencia de Autogobierno establecida en el Parlamento Vasco. Nos encontrará abiertos a un nuevo acuerdo, a un nuevo estatus para Euskadi que recoja la voluntad mayoritaria de la sociedad vasca.
