Señoras y señores diputados.
Tras la campaña mediática a la que hemos asistido esta última semana y la rapidez en querer tramitar esta ley orgánica, ha quedado manifiestamente claro que se ha querido hacer pasar la tramitación parlamentaria de esta ley como una mera formalidad a cumplimentar dentro de un supuestamente aceptado y consolidado sistema político en el Estado. Un sistema político, del cual la forma de estado es parte consustancial del mismo, en este caso, desde su mismo inicio.
Hace 36 años se realizó el llamado pacto constitucional que fue refrendado por la ciudadanía en un pack, como un conjunto indiscutible. La Monarquía, señalada por el dictador como su sucesora, quedaba acomodada y sobre todo insertada en los nuevos tiempos a través de aquel pacto.
Como bien ha señalado el exdiputado socialista y amigo, Jose Antonio Pérez Tapias, “quienes alaban acríticamente el pacto constitucional se olvidan interesadamente de las imposiciones preconstitucionales”. Aquel pacto estuvo constreñido por la realidad de un régimen dictatorial cuyas fuerzas vivas controlaban todos los resortes del poder y amenazaban con la regresión y la represión si las “aguas llegaran a salirse de sus cauce”. En aquel acuerdo hubo algunas materias no sujetas a discusión, impuestas. Desde el mantenimiento en sus puestos de jueces, militares y funcionarios que habían participado en la represión del régimen hasta la propia forma de Gobierno, la Monarquía.
Esta nunca pudo ser cuestionada verdaderamente porque formaba parte del paquete a preservar que provenía del viejo régimen dictatorial. Así, fue imposible entrar en una discusión auténtica sobre la forma de Gobierno. Una República nunca hubiera sido aceptada por los poderes fácticos. La República nunca tuvo una oportunidad.
¿Cómo puede ponerse en cuestión la legitimidad de amplios sectores de la sociedad para reclamar que los ciudadanos manifiesten su preferencia por la forma monárquica o la republicana? Hasta la fecha, y parece que tampoco mañana por la mañana, nunca pudieron hacerlo.
Técnicamente es bien cierto que esta ley no viene a suponer sino un “darse por enterado” por parte del Congreso de la abdicación real. De hecho, técnicamente, insisto, votar “no” supondría algo así como exigir al Monarca actual que continuara en su puesto.
Pero, aunque a algunos les gustaría que la ley fuera un mero trámite revestido de pompa y boato posterior de manera que el debate fuera inexistente, todos sabemos que hoy, aquí, está sobre el tapete algo más que todo eso.
Está en juego fijar la posición de cada Grupo ante la forma de Gobierno constitucional 36 años después. Se debate entre Monarquía y República. Se debate sobre la utilidad de la institución monárquica.
Hace 36 años el PNV fue conscientemente excluido de la ponencia constitucional. Simple, lisa y llanamente nunca se llegó a un pacto con el nacionalismo vasco. Y ello trajo como consecuencia que la ciudadanía vasca diera la espalda a la ratificación del texto constitucional. Apenas el 30% del censo electoral vasco dio el “sí” al texto de 1978. Pasadas décadas, esa falta de complicidad, de integración en el modelo constitucional existente es en Euskadi aún mayor. Nunca nos hemos sentido parte de aquel acuerdo, y así lo hemos reiterado en cuantas ocasiones ha habido oportunidad.
Lo que se nos viene a pedir en esta ocasión es que participemos de manera tácita en la ratificación de la forma de Estado de ese pacto que nunca compartimos. Es decir, se nos pide un apoyo al “paquete constitucional” que nunca le brindamos.
El PNV mantiene la misma posición que tuvo en el año 1978 ante la Constitución. El PNV entiende que hoy, al igual que entonces, no se siente comprometido con el apoyo al marco constitucional aprobado en el Estado; cosa bien distinta es que acate, por imperativo legal, las reglas de juego en él dispuestas. Si quieren que demos nuestra aquiescencia a la forma de Gobierno, deberá renegociarse el conjunto de la Constitución, discutir y acordar el propio modelo de Estado.
El PNV no amparará ninguna ratificación o reforma soterrada de la denominada “Carta Magna” por entender que los problemas existentes de crisis institucional, de modelo de Estado, de transparencia, etc, deben ser abordados de raíz, buscando renovados consensos que puedan ser ratificados ulteriormente por la voluntad de la ciudadanía y de las comunidades nacionales que desean ser reconocidas y respetadas en un nuevo punto de encuentro jurídico-político. Esto es, abrir un período de reforma constitucional a la búsqueda de acuerdos amplios.
El Partido Nacionalista Vasco es esencialmente republicano. Ese es el modelo que concebimos para una Euskadi integrada en Europa. En nuestro ideario solamente se contempla que la representación política legitimada es la dimanada de la voluntad popular, es decir la expresada democráticamente por la ciudadanía. En tal concepto no encuentra amparo la sucesión dinástica, luego conceptualmente el PNV no es un partido monárquico sino republicano.
El Partido Nacionalista Vasco es, por otra parte, un partido exclusivamente vasco, enraizado exclusivamente en su tierra y es su forma de Gobierno interna lo que está en la primera línea de sus preocupaciones y compromisos.
No forma parte de nuestras prioridades políticas la forma de Estado que se adopte en España. Sin embargo, llegados a este momento político y sesión plenaria la situación exige explicitar nuestra visión sobre la cuestión.
En el siglo XXI parece de recibo que la República sea la forma de Estado más acorde con los tiempos. Un sistema en que los ciudadanos y ciudadanas elijan periódicamente a quiénes van a representarles y quién vaya a representar el Estado en el que viven.
Ahora bien, siempre puede ser aceptable otra forma de Estado siempre que cumpla dos condiciones: en primer lugar, que respete el funcionamiento de un sistema institucional democrático y, en segundo lugar, que tenga una utilidad concreta, práctica, que sirva, en definitiva, para solucionar determinados problemas.
Hoy por hoy, ciertamente, la Monarquía española parece carecer de esa utilidad. ¿Qué “plus” aporta a lo gobernabilidad que no aportara una República? Se suele afirmar que la figura del Rey es la imagen de la unidad constitucional del Estado. ¿Realmente puede afirmarse esto con seriedad? En un momento en que Cataluña reclama poder tener su sitio en Europa cansada de los portazos que se le han ido dando en los distintos intentos de reforma estatutaria y fiscal; con una Euskadi que más que nunca reafirma en las citas electorales su desapego con el proyecto que encarna la actual constitución... ¿es esta la unidad que protege y asegura la Monarquía? No parece haber sido muy fructífera su labor con este modelo. ¿Representa realmente la unidad de la “Nación”? Nosotros negamos la mayor. No existe una única nación en el Estado español. La nación vasca existe. No sólo porque haya sido así a lo largo de la historia y hayamos mantenido unas instituciones propias así como una lengua y cultura diferentes, sino porque hoy así lo siente una mayoría de la ciudadanía vasca.
Si quiere la Monarquía demostrar alguna utilidad, tiene ante sí un reto. Dar respuesta a las aspiraciones de las diferentes naciones que conforman el Estado español comenzando por su reconocimiento.
En el caso vasco, esta reivindicación tiene un hecho diferencial amparado en los derechos históricos que provienen de los viejos fueros vascos y en la voluntad de nuestra ciudadanía.
A diferencia de para los dos grandes Grupos políticos de la Cámara, para el mío el futuro Felipe VI es una auténtica incógnita. Pero si hay alguna cosa clara en los tiempos que corren es desde luego que no podrá limitarse a ser una figura de cera que se pasee de evento en evento. Si quiere legitimarse, deberá dejar una idea clara más pronto que tarde de qué modelo de Estado imagina.
Somos partidarios de la adopción de medidas enérgicas orientadas a atajar la crisis institucional y de valores en la que está sumido el Estado, y de ello no se escapa precisamente la institución monárquica. Pedimos valentía y determinación al futuro monarca para que afronte con realismo los problemas del Estado y su ciudadanía. Ello exigirá en algunos casos medidas audaces.
El futuro Rey debe ser consciente de que debe utilizar sus poderes de arbitraje y moderación constitucionalmente encomendados para encaminar al Estado a un nuevo modelo. Sólo así dará sentido a la Monarquía.
En 1978 el Rey tenía asegurado el trono. Su continuidad más allá de la designación por el dictador era una condición sine qua non impuesta por los poderes fácticos. Hoy, en pleno siglo XXI, en una situación muy diferente a la de la Transición, el Rey debe ganarse el trono. Debe convencer a la ciudadanía y a las fuerzas políticas y sociales de su utilidad.
Ello exigirá también pilotar una institución basada en la transparencia, no sólo de su actividad pública sino de las finanzas de la Casa Real y su patrimonio personal, tal y como es exigido por la ciudadanía a otros poderes e instituciones. Ni es comprensible para la ciudadanía que el Jefe del Estado no responda penal ni civilmente, tal y como se viene interpretando su inviolabilidad por la jurisprudencia, por las acciones personales que haya realizado en el ámbito privado. ¿Qué naturaleza, quizá divina, puede justificar que sea irresponsable a diferencia del resto de los ciudadanos por sus actos privados?
Una institución que debe basarse más en su condición civil de Jefe de Estado y menos en la de su condición de capitán general de los ejércitos. Es aquella la primordial, la otra es simplemente accesoria. En este sentido no es un buen comienzo el anuncio de que acudirá a su proclamación ante las Cortes Generales con uniforme militar. La figura del rey-soldado pergeñada por Cánovas para encumbrar a Alfonso XII, con continuación posterior, ni es moderna, ni es democrática. En todo caso es rancia, lejos de la imagen que debería proyectarse en un nuevo tiempo.
Voy concluyendo, señoras y señores. El Grupo Vasco se abstendrá en la votación de esta ley por las razones ya expuestas.
En tanto en cuanto no se reconozca la necesidad de abrir un nuevo tiempo constituyente y se pretendan acompasar las decisiones acerca de la estructura política del Estado mediante parches legales, el PNV no puede apoyar ninguna iniciativa legislativa que no afronte con determinación y eficacia los graves problemas estructurales de la crisis institucional que afectan al Estado. Hacemos un llamamiento expreso a la apertura de un proceso de reforma constitucional. Una reforma que más o menos enunciada está en el discurso y agenda de la mayoría de los grupos políticos. Una reforma pendiente y necesaria, a la que a todas las instituciones les compete dar impulso.
De igual manera, como lo ha demostrado a lo largo de su dilatada historia política e institucional, si se dan las condiciones explicitadas en nuestro discurso modernizando la monarquía y reconociendo constitucionalmente como sujeto político a la nación vasca, el PNV, como lo ha hecho siempre en el pasado, sabrá mantener su compromiso con la gobernabilidad y la convivencia, estando a la altura de la responsabilidad que el momento exige.
