EAJ-PNV ANTE EL REAL DECRETO LEY 16/2012 DE MEDIDAS URGENTES PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y MEJORAR LA CALIDAD Y SEGURIDAD DE SUS PRESTACIONES
Este RDL supone una gran transformación de la situación anterior, presenta una gran complejidad técnica y será difícil su puesta en marcha, y más en los plazos establecidos.
Va a resultar una fuente de conflictos entre las CCAA y el Gobierno central ya que la reforma se ha realizado sin consenso ni coordinación.
La mayoría de las medidas que se establecen rompen con consensos sociales básicos tanto a nivel de la sociedad como en la política sanitaria a nivel del Estado.
La reforma se ha realizado sin consenso, sin conocimiento de los consejeros presentes en el CISNS de todos los aspectos recogidos finalmente en el RDL. Se trata de un decreto de recortes o ajustes más que de reformas, amparado en criterios ideológicos y con una pretensión uniformizadora de la sanidad.
La norma acomete un vaciado absoluto de las competencias autonómicas previstas en la Constitución, el Estatuto de Autonomía de Gernika, el Concierto Económico y demás leyes generales de Ordenación Sanitaria aprobadas en Euskadi. Se vulnera el Concierto Económico porque no incluye la cláusula de salvaguarda del mismo ni en el fondo de garantía asistencial, ni en los tramos del IRPF que incrementan el gasto farmacéutico.
Se pasa de un modelo de sanidad universal y sufragado con impuestos a un modelo vinculado a la Seguridad Social, lo que se traduce en un gran retroceso social de casi 30 años. Retroceso que afecta a los derechos más básicos de los más débiles y desfavorecidos: viudas, mayores de 26 años que no han cotizado, pensionistas, inmigrantes,… Todo ello desfigura el modelo sanitario vasco que se basa en los principios de universalidad, gratuidad y carácter público.
Esto, en el fondo, pretende desvincular la prestación de asistencia sanitaria del ámbito competencial propio de Euskadi y vincularlo al sistema de gestión económica de la Seguridad Social. De esta manera, el Estado, con su lectura restrictiva de las competencias en Seguridad Social, pretende atraer a las mismas la Sanidad, expoliando nuestras competencias en esta materia. Pasamos a ser meros administradores del sistema sanitario.
Se degrada la Ley de Extranjería reduciendo la protección de los extranjeros empadronados; casi podemos decir que lo que se exige es más una residencia fiscal-legal que un empadronamiento. De esta manera un colectivo importante de personas va a quedar desprotegido. Esta es una medida demagógica moral y éticamente reprobable. Además estas situaciones generarán un riesgo cierto para la salud pública y un colapso en los servicios de urgencias además de un dilema ético para nuestros profesionales sanitarios. No podemos obviar la posible afección a la cohesión social y a los derechos humanos.
Se reestructura la cartera de prestaciones estableciendo una distinción entre lo que es básico y lo que no lo es de forma que, a futuro, parece ser el mecanismo por el cual se introduzcan nuevas exclusiones del catálogo o nuevos copagos.
Se modifica el copago de la prestación farmacéutica, incorporando al colectivo de pensionistas, modificando los porcentajes de aportación existentes e introduciendo el copago de los medicamentos de dispensación hospitalaria en régimen ambulatorio. Se establecen siete categorías de ciudadanos en la materia. Por otra parte, se incluyen nuevos copagos en materia de productos dietéticos, transporte sanitario no urgente y prestación ortoprotésica, no quedando claro si a través de la reordenación de los catálogos de prestaciones no se verán afectadas más prestaciones. Este copago es fiscalmente injusto, de forma contraria a lo que el Gobierno afirma; no grava a los que más tienen sino a los más débiles, a los enfermos y especialmente a los enfermos crónicos.
El RDL se ha tramitado sin memoria económica. No existe una base real y conocida acerca de los pretendidos beneficios económicos que dicha norma va a generar.
En la CAPV se estima un impacto económico inicial de las medidas recogidas en la norma, a expensas del desarrollo completo de la misma, de 53,5 millones de euros. No se puede descuidar en este aspecto el posible impacto que pueda suponer la aplicación del Fondo de Garantía Asistencial.
En lo que respecta a la posible capacidad de mejorar la situación que derivaría de la aplicación de este RDL por parte de la Administración de la CAPV, sería necesario realizar un análisis jurídico en profundidad.
La competencia en materia de Sanidad ha supuesto en Euskadi un ejemplo de calidad asistencial y de bienestar para nuestros ciudadanos, hecho que queremos seguir manteniendo (con la reforma no sería posible). Nos ha costado una gran esfuerzo llevar a nuestro sistema sanitario a las altas cotas en las que se encuentra en cuanto a logros, niveles de calidad asistencial y manteniendo, además, la sostenibilidad del sistema. Y por sentido de responsabilidad no podemos permitir el atropello de nuestra competencia.
Euskadi no ha contribuido a generar la deuda sanitaria que afecta al Estado, y es por ello que los vascos no tenemos por qué ser los paganos de los problemas económico-financieros generados por el PP y el PSOE.
En resumen y para concluir, no es de recibo que el Modelo de Bienestar que tanto nos ha costado conseguir en Euskadi se degrade a través de un Real Decreto Ley que no solo no ha sido negociado ni consensuado con nuestros representantes institucionales, sino que además ignora nuestras competencias. Queremos seguir manteniendo nuestro Sistema Sanitario manifestando nuestro compromiso con su sostenibilidad.
Por todo lo anterior, EAJ-PNV votará en contra de la convalidación de este Real Decreto Ley el próximo jueves en el Congreso de los Diputados. Por otro lado, EAJ-PNV insta al Gobierno de Patxi López a explorar y a agotar todas las vías a su alcance para evitar el deterioro de los servicios sanitarios en Euskadi.
Sabin Etxea, 15 de mayo de 2012
