1998ko Azaroaren 30ean
90.
alea
SUMARIO
-Documento
de pacificación y normalización del EAJ-PNV.
-Proyecto
de Ley, Devolución del Patrimonio Histórico.
DOCUMENTO DE PACIFICACIÓN Y
NORMALIZACIÓN DEL EAJ/PNV
I.-Parece del todo evidente que la legislatura que comienza debe ser la
legislatura de "la paz definitiva".
Si esto es (y debe ser) así, el papel del Gobierno Vasco en esta materia
es fundamental. Papel y
"rol" desempeñado por un Gobierno que en lo que concierne a un modelo
de pacificación y normalización, en sus líneas estructurales fundamentales,
debe ser compartido por todas las fuerzas políticas que componen ese Gobierno.
En
otras palabras, el Gobierno debe poseer un modelo de pacificación y normalización
que dotado de unas líneas estratégicas y estructurales conduzcan el proceso de
pacificación. Y esto debe ser
compartido por las fuerzas políticas que lo componen.
La consecución de la paz definitiva debe ser la prioridad absoluta del
Gobierno Vasco en esta legislatura que comienza.
II.-La definición de las líneas estructurales de un modelo de pacificación
y normalización arrancan, en opinión de EAJ-PNV, del acuerdo unánimemente
suscrito por los partidos integrantes de la Mesa de Ajuria-Enea (EAJ-PNV;
PSE-EE; PP; EA; IU y UA) el 25 de junio de 1996.
Textualmente se decía:
"...nosotros
reafirmamos nuestra sincera voluntad de paz y nuestro apoyo a un final dialogado
del conflicto en los términos del Punto 10 del Acuerdo para la Normalización y
Pacificación de Euskadi, de modo que sean los partidos vascos con representación
parlamentaria los que avance, a través del diálogo, en la consecución de un
consenso democrático que dé satisfacción razonable a las plurales opciones
políticas de nuestra sociedad, consenso que, una vez alcanzado, nosotros nos
comprometemos a respetar y a que sea respetado efectivamente en todos los ámbitos,
utilizando para ello todos los instrumentos que el ordenamiento jurídico pone a
nuestra disposición".
“...nos comprometemos a iniciar un proceso sincero y abierto de diálogo
entre todos los partidos políticos vascos con representación parlamentaria,
que dé con un consenso capaz de integrar razonablemente todas las
sensibilidades políticas de la sociedad vasca y de alcanzar su definitiva
normalización y pacificación".
En esa manifestación los partidos integrantes de la Mesa de Ajuria-Enea
avanzan y diseñan un camino: el diálogo y la negociación con contenidos políticos
entre los Partidos Vascos con representación parlamentaria, y apuntan algunas
características que deben producirse en ese proceso de diálogo y negociación
(compromiso a respetar y a que sea respetado efectivamente en todos los ámbitos
los consensos alcanzados).
III.-Posteriormente
el Lehendakari Ardanza presenta el 17 de marzo de 1998 un documento de trabajo
titulado "Para un acuerdo entre los partidos de la Mesa sobre el
"final dialogado" (en adelante se denominará como "documento
Ardanza") que puede considerarse como un desarrollo del acuerdo
anteriormente citado.
Para EAJ-PNV en el citado y no aprobado documento Ardanza se contienen una
serie de principios y criterios que con carácter estructural diseñan las guías
de un modelo de pacificación y normalización para la sociedad vasca.
Principios y criterios que, en el momento presente, es decir, producida la
tregua indefinida de la organización ETA y realizadas las elecciones
constituyen, en opinión de EAJ-PNV, condiciones inexcusables a compartir en su
integridad por parte de los partidos políticos que compongan la coalición que
gobierne la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Estos
principios y criterios son los siguientes:
1.-
Premisas previas:
Se
precisa un cese ilimitado en el tiempo, por parte de ETA para poder realizar el
proceso de diálogo y negociación.
Situación,
ésta, ya producida.
2.-
Interlocutores:
"Los
interlocutores deberán ser, por tanto, solo y exclusivamente los partidos
representativos. Más aún.
El protagonismo deberá recaer, en una primera instancia sobre los
partidos representativos de la sociedad vasca".
(Textualmente
en Documento Ardanza, página 9). No
caben exclusiones en el proceso negociador.
3.-"El diálogo político final (resolutivo) no podrá suponer ni, de
un lado, hacer tabula rasa de lo que el sistema democrático ha ido construyendo
hasta ahora (Constitución, Estatuto, Instituciones de Autogobierno) ni, de
otro, considerar cerrado el proceso en los límites de lo hasta ahora
construido".
(Textualmente
en Documento Ardanza., página 6-2º párrafo).
4.-"El diálogo político resolutivo no podrá, por tanto, ni a)
aceptar condiciones previas que nieguen la razón de ser de uno de los
interlocutores (reconocimiento previo, por ejemplo, del derecho de
autodeterminación)".
(Textualmente
en Documento Ardanza, página 6-2º párrafo).
5.-"El diálogo político resolutivo no podrá por tanto ni b) poner límites
fijados de antemano que nieguen la razón de ser del otro (La Constitución y
Estatuto como límites infranqueables).
(Textualmente
en Documento Ardanza, página 6-2º párrafo).
6.-
Respecto de los resultados del diálogo
político resolutivo final.
"Desde
esta perspectiva, las instancias competentes del Estado, como parte concernida
por el proceso, optan por -y declaran de antemano su disposición a: 1)
dejar la resolución dialogada del
conflicto en manos de los partidos representativos de la sociedad vasca, 2)
hacer propios los acuerdos que aquellos puedan alcanzar, en las instituciones
vascas y 3) pactar con éstas su eventual incorporación al ordenamiento jurídico
con el fin de que puedan resultar operativos".
(Textualmente
en Documento Ardanza, páginas 9 y 10).
Estos seis (6) principios-criterios constituyen,
en opinión de EAJ-PNV, las líneas estructurales que los partidos políticos
integrantes de la coalición de Gobierno en la C.A
del País Vasco deben de compartir en su
integridad.
IV.-Al
margen de estos principios estructurales, quedan los legítimos planteamientos
políticos que cada partido podrá plantear en la mesa de negociación y que
constituirán su respectiva agenda negociadora y de resolución.
Por ejemplo EAJ-PNV tendrá la suya, el PP la que estime oportuna, etc.
Y así igualmente todos los partidos representativos de la sociedad
vasca. En ese sentido también, no
hay, ni habrá agendas limitadas en el proceso de diálogo y negociación
resolutivo.
Noviembre
1998
En cumplimiento del pacto de
investidura PNV-PP
EL CONGRESO APROBÓ DEFINITIVAMENTE LA LEY DE
RESTITUCIÓN O COMPENSACIÓN A LOS PARTIDOS POLÍTICOS DE BIENES Y DERECHOS
INCAUTADOS EN APLICACIÓN DE LA NORMATIVA SOBRE RESPONSABILIDADES POLÍTICAS DEL
PERÍODO 1936-1939, EL PASADO 26 DE NOVIEMBRE DE 1998.
1. CAUSAS
Por
Decreto de 13 de septiembre de 1936 fueron declarados ilegales los partidos y
agrupaciones políticas o sociales que integraban el Frente Popular, así como
cualesquiera otros que se hubiesen opuesto al alzamiento militar que dio lugar
al inicio de la guerra civil, al tiempo que se decretaba «la incautación de
cuantos bienes muebles, inmuebles, efectos y documentos perteneciesen a los
referidos partidos y agrupaciones, pasando todo ello a la propiedad del Estado».
Los términos de este Decreto fueron confirmados en la posterior Ley de 9
de febrero de 1939, que señaló como fundamento de dichas medidas la
responsabilidad política en que habían incurrido las organizaciones citadas.
2.ANTECEDENTES
Superada la guerra civil y promulgada la Constitución
española de 1978, se han venido sucediendo decisiones de variada índole,
encaminadas a la restauración de situaciones jurídicas ilegítimamente
afectadas por decisiones adoptadas al amparo de una normativa injusta.
Así, las normas de amnistía, el reconocimiento de derechos
asistenciales a las personas pertenecientes al ejército republicano, o la
restitución de bienes y derechos del denominado patrimonio sindical histórico
incautado a las organizaciones sindicales, conforme a la Ley 4/86, de 8 de
enero.
El
PNV ha venido reiterando continua y sistemáticamente, a través de distintas
iniciativas políticas y parlamentarias, la necesidad de acometer con justicia
la restitución de los bienes incautados al Partido. El Pacto de investidura, suscrito entre el PNV y el PP con
motivo de la elección del Presidente Aznar por el Congreso de los Diputados en
1996, incluyó entre otros contenidos, el de la puesta en vigor de una Ley
singular que sustentara dicha restitución histórica a los Partidos Políticos
afectados.
En
consecuencia, el Congreso de los Diputados ha entendido que ha llegado el
momento de avanzar en dicho proceso reparador, creando el marco jurídico
necesario para reintegrar a los Partidos Políticos los bienes y derechos de que
fueron desposeídos durante la guerra civil o al finalizar ésta, en línea con
uno de los objetivos que inspiró la Constitución vigente, de garantizar la
convivencia superando las consecuencias de la guerra civil, y en consonancia con
el papel relevante que la misma otorga a los Partidos Políticos, a los que
incardina en la médula del Estado democrático, mediante la precisión de su
concurrencia a la formación y manifestación de la voluntad popular, lo que
exige de ese Estado democrático un acto de justicia histórica como es el de devolución a los mismos de aquello
que les fue arrebatado, dándoles, por otra parte, un trato idéntico al ya dado
en su día a las organizaciones sindicales.
3. PREMISAS BÁSICAS
1.Se ha optado por no reconocer los derechos personales y aquellos otros de
contenido patrimonial de más dificil evaluación como es el caso de los frutos
y rentas.
2.Se ha decidido acotar a los Partidos Políticos el ámbito subjetivo del
texto legal elaborado al considerar que, conforme establece el artículo 6 de la
Constitución, son entidades que concurren de manera especial en la formación y
manifestación de la voluntad popular, cualidad que los diferencia de los meros
sujetos portadores de intereses privados.
3.Se trata de conciliar el derecho de los actuales propietarios de los
bienes a no ser inquietados en su propiedad, con el objetivo de que la restitución
produzca el efecto deseado en favor de los partidos que fueron despojados de sus
bienes y derechos.
4.Se ha contemplado el principio de la mayor gratuidad posible, en el
sentido de que los beneficiarios de la restitución, que ya han sufrido serios
perjuicios durante un largo período de tiempo, soporten los menores gastos y
costes posibles inherentes al proceso. De
ahí que se haya considerado conveniente que la declaración de restitución sea
título suficiente para la inscripción registral de los bienes, y que todos los
actos o negocios jurídicos derivados de la aplicación de esta Ley estén
exentos de cualquier tributo y se les apliquen todas aquellas bonificaciones
establecidas a favor del Estado.
5.La devolución afecta a los propios bienes que en su momento fueron
objeto de incautación, por lo cual, si la restitución no fuese ya posible, por
haber sido transmitidos y adquiridos legítimamente dichos bienes por terceros
de buena fe o por haber sufrido alteraciones sustanciales que impidan su
conversión a su forma originaria, el Estado compensará pecuniariamente al
partido político desposeído, por el valor del bien o bienes de que se trate.
4. RESTITUCIÓN DE BIENES O DERECHOS DE CONTENIDO
PATRIMONIAL
El
Estado restituirá, en los términos establecidos en la presente Ley, a los
beneficiarios previstos en el artículo tercero, los bienes inmuebles y derechos
de contenido patrimonial de que es o fue titular y que fueron incautados a
Partidos Políticos o a personas jurídicas a ellos vinculadas, en aplicación
del Decreto de 13 de septiembre de 1936, la Ley de 9 de febrero de 1939, la Ley
de 14 de febrero de 1942 y la Orden de 9 de junio de 1943.
La restitución a los Partidos Políticos de bienes inmuebles o derechos
de contenido patrimonial pertenecientes a personas jurídicas a ellos
vinculadas, sólo procederá cuando se trate de bienes que estuvieran afectos o
destinados al ejercicio de las actividades políticas de aquéllos en el momento
de la incautación.
5. ARRENDAMIENTOS Y SALDOS EFECTIVOS
1.Además de los bienes y derechos contemplados en el artículo primero de
esta Ley, excepcionalmente, serán objeto de compensación a los beneficiarios
establecidos en el artículo tercero:
a)
La privación definitiva, fehacientemente acreditada, del uso y disfrute
de bienes inmuebles urbanos en concepto de arrendatarios, siempre que dicha
privación sea consecuencia de la aplicación de las normas a las que se refiere
el artículo primero, párrafo primero.
El importe de esta compensación se fijará por un período
máximo de duración del contrato de diez años, o el que tuviese si fuese
menor, y su cuantía será la que resulte de actualizar la renta anual según el
índice del Valor Constante de la Peseta, elaborado por el Banco de España.
b)
La
incautación, fehacientemente acreditada, de saldos en efectivo en cuentas y depósitos
en entidades bancarias y financieras legalmente autorizadas para operar como
tales en fecha de la incautación, siempre que dichas cuentas y depósitos
figurasen a nombre de los beneficiarios establecidos en el artículo tercero y
la incautación fuese consecuencia de la aplicación de la normativa a que se
refiere el artículo primero, párrafo primero.
El importe de la compensación será el que resulte de
actualizar la cuantía incautada según el Indice del Valor Constante de la
Peseta elaborado por el Banco de España.
2.El importe total máximo a abonar por beneficiario será de quinientos
millones de pesetas por los dos conceptos compensables a que se refiere el número
anterior.
6. COMPENSACIÓN PECUNIARIA
Si los bienes o derechos a que se refiere el artículo anterior no
pudieran ser devueltos total o parcialmente por no haber quedado suficientemente
identificados, por pertenecer a terceras personas distintas del Estado, por
encontrarse en el supuesto contemplado en el artículo séptimo de la presente
Ley o por cualquier otra causa, el Estado compensará pecuniariamente su valor.
7. PLAZOS PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS
Los
derechos y acciones reconocidos en la presente Ley deberán ejercitarse en el
plazo de un año contado a partir del día siguiente al de entrada en vigor
de la norma que, de acuerdo con la Disposición Final Primera, se apruebe para
el desarrollo de lo establecido en esta Ley.
8. TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN DE SOLICITUDES
La
tramitación de las solicitudes de restitución o compensación de los bienes y
derechos a que se refiere esta Ley, se llevará a cabo por la Dirección General
del Patrimonio del Estado que instruirá los oportunos expedientes, de acuerdo
con el procedimiento que reglamentariamente se establezca y propondrá las
valoraciones de los bienes y derechos a los efectos compensatorios previstos en
esta Ley.
9. APLAZAMIENTO DE LA RESTITUCIÓN O COMPENSACIÓN
En el caso de que al amparo de la presente Ley
hubiera que restituir bienes o derechos afectados al dominio público, el
Gobierno, en un plazo no superior a tres meses desde el reconocimiento, podrá
optar, en resolución motivada, por su compensación o restitución.
En este último caso podrá aplazar su efectividad por un período máximo
de dos años, previo informe de la Dirección General del Patrimonio del Estado,
fijando una indemnización complementaria.
10. DESARROLLO REGLAMENTARIO
El
Gobierno, en el plazo de cuatro meses a partir de la entrada en vigor de esta
Ley, y a propuesta conjunta de los Ministerios de Presidencia, Justicia y
Economía y Hacienda, desarrollará reglamentariamente lo dispuesto en la misma.
