1998ko Martxoak 16                                                                   69. alea

SUMARIO

- Para un acuerdo entre los partidos de la Mesa sobre el "final  dialogado".

- Nota del Euzkadi Buru Batzar sobre la sentencia del Tribunal, anulando incentivos fiscales del territorio de Bizkaia.

- "Bakea Elkarrizketa eta demokraziaren bitartez lortzeko aldarria".(Plataforma honen agiria)

PARA UN ACUERDO ENTRE LOS PARTIDOS DE LA MESA SOBRE EL "FINAL DIALOGADO"  

Documento de Trabajo

  (17 de marzo de 1998) En la reunión del pasado 16 de enero presenté a los miembros de la Mesa un documento para la reflexión y el debate. En él se proponían -a modo de alternativas- dos posibles tareas que podría acometer la Mesa en lo que queda de legislatura, de modo que sus trabajos quedaran encauzados de cara al futuro.

  La primera tarea consistía en limitar el trabajo de la Mesa, en lo que queda de legislatura, a poner orden en sus filas y reducir al mínimo las actuales discrepancias públicas entre los Partidos. La segunda, más ambiciosa, perseguía propiciar un acuerdo de fondo sobre el horizonte final de “salida dialogada”, que todos consideramos inevitable, y diseñar, a partir de dicho acuerdo, una estrategia activa y global de pacificación.

  Los miembros de la Mesa consideraron que la primera tarea, con ser absolutamente necesaria, no iba a resultar suficiente para restablecer el consenso con garantías de estabilidad, y se inclinaron por abordar la segunda a partir de las líneas de reflexión marcadas en el mencionado documento. Entendieron, además, que tal decisión daba cumplimiento al compromiso de abordar la llamada “segunda fase” de la Mesa, tal y como fue adoptado en reunión del 21 de febrero de 1997 (punto 4 del documento de aquella fecha).

  A raíz de esa decisión, he mantenido conversaciones con representantes de cada uno de los Partidos de la Mesa, así como con el Presidente del Gobierno central y los máximos líderes de los Partidos de ámbito estatal. Todos ellos conocen el documento presentado en la reunión del 16 de enero.

  Dichas conversaciones han puesto de manifiesto un desigual grado de aceptación de las propuestas contenidas en el documento, pero en ninguna de ellas se ha revelado una actitud de rechazo frontal al mismo. Nadie ha presentado tampoco una contrapropuesta alternativa, aunque sí se han adelantado objeciones concretas, tanto de oportunidad como de contenido, a ciertos aspectos del documento.

  Todos han aceptado, en cualquier caso, que lo que en él se expone puede servir de punto de partida para un debate y un eventual consenso de los Partidos en torno a la superación definitiva de la violencia que sufre nuestro País a causa del terrorismo de ETA.

  Siendo esto así, y con el fin de facilitar el análisis y el debate del documento, me ha parecido llegado el momento de entregarlo a los miembros de la Mesa con  las siguientes modificaciones.

  Primero, y dado que la decisión adoptada fue la de abordar la segunda tarea, el presente documento omite, por innecesario, todo lo que en el original se refería a la primera. Segundo, se han modificado algunas expresiones y añadido algunas consideraciones a raíz de las conversaciones mantenidas con los Partidos. Y, tercero, se ha completado la propuesta con referencias a aquellos artículos del Acuerdo de Ajuria-Enea en los que, sin citarlos, se sustentaba.

  Dicho esto, se recoge a continuación la propuesta de debate que se hacía en el documento del 16 de enero.

Para un acuerdo sobre el “final dialogado”

  La segunda tarea, es decir, la de propiciar un acuerdo de fondo sobre el horizonte final de “salida dialogada” y diseñar, a partir de dicho acuerdo, una estrategia activa y global de pacificación, exige un debate sincero y discreto sobre ciertos problemas de calado político. La pregunta básica que habríamos de contestar podría formularse, más o menos, de la siguiente manera: ¿qué puede y quiere hacer nuestro sistema democrático para propiciar el doble objetivo de que 1) ETA deje de intervenir en política mediante la llamada “lucha armada” (el “terrorismo”) y 2) la disidencia política que la apoya (Herri Batasuna) se integre definitivamente en la actividad política propia del sistema democrático?

  No se trata, como es obvio, de insistir ahora en aquellas respuestas en las que ya estamos de acuerdo. Así, por ejemplo, la necesidad de una correcta y eficaz acción policial y judicial o la conveniencia de mantener la presión política y social son ya, para todos nosotros, sobreentendidos en los que no hace falta insistir. La pregunta pretende ir más lejos de lo ya acordado y suscitar una respuesta conjunta precisamente en aquel terreno en el que, hasta el momento, no hemos logrado ponernos de acuerdo.

  Ahora bien, si en algo no estamos hoy de acuerdo, es en la concepción que cada uno se ha hecho del horizonte final en que habrá de superarse definitivamente la violencia. Este es, por tanto, el terreno que debe ser trabajado de manera prioritaria.

  El Acuerdo de Ajuria-Enea prevé, y todos consideramos inevitable y hasta deseable, un horizonte final de diálogo (“final dialogado”). Pero, más allá de las palabras que usamos en común, mantenemos profundas diferencias en torno al significado que les damos. La expresión “final dialogado” se convierte así en una especie de “muletilla” carente de significado unívoco y concreto.

  Este desacuerdo sobre el “horizonte final” no es irrelevante para el proceso de pacificación. Su superación no puede ser tampoco aplazada por mucho tiempo, alegando, por ejemplo, que, como tal horizonte vendrá al final del proceso, “ya lo diseñaremos cuando lleguemos al final”. Porque ocurre, más bien, que el desacuerdo sobre el “horizonte final” pone en entredicho muchos de los acuerdos que ya teníamos alcanzados sobre el proceso que conduce a él. Y es que, a falta de un acuerdo sobre el “horizonte final”, surgen las dudas y los recelos sobre la procedencia o improcedencia de ciertos pasos importantes que han de darse a lo largo del proceso.

  Procede, por tanto, saber ya desde ahora si todos queremos llegar al mismo fin, para poder ponernos de acuerdo sobre los pasos que conducen a él. La pregunta sobre el “horizonte final” no es, pues, ni prematura ni inoportuna. Su respuesta resulta, más bien, imprescindible para poder diseñar una estrategia global de pacificación.

  De otro lado, es evidente que, hoy por hoy, no podemos ofrecer un diseño acabado de ese  horizonte final. Pero sí podemos descartar, ya desde ahora, algunos elementos que no cabe razonablemente esperar que se incluyan en él y definir otros que es razonable prever que estarán presentes. De esto va el siguiente razonamiento.

I. Las premisas

  1.Así, por lo que se refiere al mundo de ETA-HB y tratando de hacer un ejercicio de realismo político, resulta razonable prever lo siguiente:

  a) ETA no va a renunciar a su “lucha armada” como consecuencia de una derrota policial. Esto es, al menos, lo que todos decimos, incluido el Ministerio del Interior. Más de treinta años de “lucha antiterrorista”, desde posiciones dictatoriales y democráticas, parecen avalar esa creencia común. No es, pues, razonable pensar, por nuestra parte, en una victoria policial.

  b) No es razonable prever tampoco que ETA vaya  a renunciar a la “lucha armada” ni que HB vaya a incorporarse a la actividad política propia del sistema democrático en razón de una especie de “conversión”, forzada o espontánea, a las bondades del actual sistema. Por mucho que nos gustara que así fuera o por exigible que lo consideremos desde el punto de vista ético y democrático, no es razonable pensar que vayan a abandonar lo que ellos viven como “treinta años de lucha y sufrimiento” a cambio de nada o, por decirlo más explícitamente, a cambio del statu quo constitucional y estatutario. Ellos temen que tal “conversión” sería interpretada, por propios y extraños, como una rendición en toda regla.

  En este sentido, si la “derrota policial” queda descartada, tampoco es previsible -por mucho que nos duela aceptarlo- que se produzca una “derrota política” tan cruda y brutal como la aquí expresada. No es, pues, razonable prever que se produzca una especie de “desistimiento” colectivo en ese mundo.

  La comparación con lo que ocurrió con los poli-milis no parece procedente a este respecto. Lo que aquéllos hicieron aprovechando la transición a la democracia y al autogobierno no parece repetible en una situación de democracia asentada (y aquejada, según ellos, de notables vicios acumulados).

  Así, pues, la renuncia de ETA a la “lucha armada” y la incorporación de HB al actual sistema constitucional y estatutario no es previsible que se produzcan “sin más”, es decir, como resultado de una especie de “conversión” o “desistimiento”, bien sea espontáneo o forzado por las circunstancias (eficacia policial, acción judicial, aislamiento político, presión social, etc.).

  c) Siendo esto así -ni “derrota policial” ni “derrota política” en términos de “desistimiento”-, el abandono de lo que ETA considera su “lucha armada” y la incorporación de HB a la actividad política democrática requerirán, desde su punto de vista, de algo que ellos puedan interpretar como un incentivo político que los justifique ante su propia gente. Por lo que sabemos, tal  incentivo  no parece que pueda  ser otro  que  un diálogo tal -llámenlo ellos “negociación” y nosotros “final dialogado”- que sea susceptible, al menos en principio, de incidir efectivamente en el actual sistema constitucional y estatutario.

  De momento, ésta sería la constatación más atrevida que podríamos hacer en común: un final dialogado que sea susceptible, en principio, de incidir en el actual sistema jurídico-político, parece ser el requisito mínimo que ETA y HB exigirían para abandonar la violencia (ETA) e incorporarse a los procedimientos democráticos (HB).

2.A la inversa, mirando el proceso desde la perspectiva de los Partidos democráticos, deberíamos saber a estas alturas, al menos, lo siguiente:

  a) Ningún Gobierno democrático va a entablar un diálogo político (resolutivo del problema) con una organización “terrorista” en ejercicio. No es sólo cuestión de legitimidad democrática. Se trata de una imposibilidad fáctica. Ningún Gobierno lo resistiría. La necesidad, por tanto, de un “cese de hostilidades” por parte de ETA, previo a cualquier diálogo político (resolutivo), es absoluta.

  b) No es razonable tampoco prever que el “final dialogado” (el diálogo político resolutivo) pueda tener como protagonistas a un Gobierno democrático y a una organización terrorista, aun cuando ésta se encuentre en situación de “alto el fuego”. A estas alturas, cabe excluir, por múltiples razones (de legitimidad y de viabilidad fáctica), la escenificación de tal bilateralidad. Si, como se decía más arriba, la carga política del diálogo final es para ellos uno de los requisitos ineludibles (véase 1.c.), quienes deban soportarla tendrán necesariamente que ser agentes políticos legitimados. No cabe, por tanto, contemplar como viable la hipótesis de un diálogo político y resolutivo (“negociación” o “final dialogado”) entre el Gobierno y ETA.

  c) El diálogo político final (resolutivo) no podrá suponer ni, de un lado, hacer tabula rasa de lo que el sistema democrático ha ido construyendo hasta ahora (Constitución, Estatuto, Instituciones de autogobierno) ni, de otro, considerar cerrado el proceso en los límites de lo hasta ahora construido. Tanto lo uno como lo otro equivaldría a obligar a uno u otro interlocutor a negarse a sí mismo y su propia razón de ser (no hablo de la “razón de ser” del “terrorismo”, que no tiene ninguna, sino de la razón de ser de lo que en él subyace: la disidencia cívico-política de una notable porción de la sociedad que, girando en torno al “terrorismo”, no está dispuesta a aceptar el statu quo). El diálogo político resolutivo no podrá, por tanto, ni a) aceptar condiciones previas que nieguen la razón de ser de uno de los interlocutores (reconocimiento previo, por ejemplo, del derecho de autodeterminación)  ni b) poner límites fijados de antemano que nieguen la razón de ser del otro (la Constitución o el Estatuto como límites infranqueables).

  Estas son, más o menos matizadas, las  premisas.  No  contienen -o, al menos, no pretenden contener- juicios de valor y tratan de evitar cualquier tipo de voluntarismo. Vienen, en suma, dictadas por la realidad y por la experiencia que de ella hemos acumulado a lo largo de los años. Nuestra tarea consiste ahora en elaborar, a partir de ellas y sin hacernos trampas en el solitario, una estrategia global que, además de ser legítima desde el punto de vista democrático, tenga visos, al menos a priori, de viabilidad. No basta con aceptar, en teoría, el final dialogado. La responsabilidad de quien debe resolver el problema consiste en delimitar, primero, en qué consistiría ese diálogo y en propiciar, después, las condiciones que lo hagan posible, es decir, en diseñar, primero, el horizonte final que nos resulte aceptable y en conducir, después, el proceso hacia ese horizonte (y no hacia otro).

  Conviene evitar ya desde ahora un posible malentendido. Lo que aquí se propone no parte de la existencia de un supuesto “déficit democrático”, que nuestro sistema padecería y tendría la obligación de subsanar para superar la violencia. Sólo parte de un hecho: la profunda división política y social que existe en la sociedad vasca; y persigue un único objetivo: alcanzar una mayor integración política y la reconciliación social. No nos preguntamos, por tanto, qué debe hacer la democracia para corregir sus supuestos déficits, sino qué puede y quiere hacer para superar la falta de integración que de hecho sufre la sociedad vasca. La legitimidad democrática del sistema no está en cuestión.

  A esto es a lo que vengo refiriéndome desde el principio al hablar de nuestra responsabilidad de diseñar una “estrategia global de pacificación”. Las medidas policiales y judiciales (la aplicación de la ley) son necesarias. Igualmente lo son otras medidas como la presión social, el discurso político, etc. Pero deben quedar englobadas en un marco más amplio, en el que esté también incluido ese diseño de “final dialogado”. Además de presionar (firmeza y unidad democráticas), es necesario señalar un portillo de salida (diálogo democrático).

  Para contribuir a ese diseño, cuya ausencia entre nosotros es quizá el fallo más clamoroso de esta Mesa desde que definió los grandes principios en enero de 1988, podrían adelantarse las siguientes líneas de reflexión.

II. La propuesta

 1.Condiciones de posibilidad del diálogo.

  a) ETA deberá interiorizar, antes que nada, que tiene que dejar de ejercer la “lucha armada” (el “terrorismo”) para que pueda iniciarse un diálogo político productivo. Nuestro discurso a este respecto ha de ser unívoco y sostenido. No cabe diálogo político resolutivo, mientras ETA se mantenga en ejercicio.

  b) Por cuánto tiempo deberá ETA dejar el ejercicio de la “lucha armada” (el “terrorismo”), con el fin de hacer creíble su voluntad inequívoca de acabar con el conflicto violento, es una pregunta difícil de responder. Parece razonable pensar que, a estas alturas del proceso, sería exigible un “cese ilimitado en el tiempo”, con el compromiso, por la otra parte, de un inicio y un fin prefijados del período de diálogo político.

  c) Para proceder a este cese, ETA querrá conocer de antemano cuál es el diálogo que nos proponemos conducir. Hacérselo saber parece imprescindible. La falta de este conocimiento por parte de ETA o, lo que es lo mismo, nuestra indefinición al respecto es lo que (naturalmente, entre otras razones evidentes) ha permitido que, hasta ahora y con la excepción, quizá, de la de enero de 1989, todas las treguas lanzadas por ETA hayan tenido una intención meramente táctica. Ahora se trataría de que ETA no pueda manejar las treguas a su gusto, sino de que las anuncie y  mantenga en respuesta a una oferta concreta de pacificación. No podemos estar a merced de las treguas de ETA, sino que ETA debe poner la tregua a merced de la paz.

  d) Además de ETA, también la opinión pública deberá conocer el marco general del eventual diálogo. En una sociedad democrática y abierta, sería imposible, además de ilegítimo, sustraer a la sociedad un asunto de esta envergadura, al menos en sus rasgos esenciales. De otro lado, la implicación de la opinión pública resulta conveniente, toda vez que su capacidad de neutralizar iniciativas políticas es enorme. El proceso necesita, por tanto, de la complicidad de la opinión pública. Debe ser un proceso entendible, asumible y plausible para la opinión pública democrática.

2.Los interlocutores.

  a) ETA deberá admitir que, en cuanto tal organización, no podrá ser ella misma interlocutor en ese eventual diálogo político resolutivo. No lo soportarían ni los interlocutores de la otra parte ni la opinión pública. Es cuestión de pragmatismo (además de legitimidad). Los interlocutores deberán estar legitimados por su representatividad popular. HB deberá, por tanto, asumir directamente la interlocución. La bilateralidad Gobierno-ETA en un diálogo político resolutivo (“negociación” o “final dialogado”) debe quedar excluida de antemano. En esto, el discurso de los Partidos debería ser también unívoco y sostenido. Es la manera más eficaz de convencer a ETA de la inutilidad de su empeño en continuar con la violencia. La violencia de ETA sobra y estorba en este proceso. ETA tiene que entenderlo y asumirlo. El diálogo, si se da, no será consecuencia de la violencia, sino de su cese.

  b) Los interlocutores deberán ser, por tanto, sólo y exclusivamente los Partidos representativos. Más aún. El protagonismo deberá recaer, en una primera instancia, sobre los Partidos representativos de la sociedad vasca. El problema es, ante todo y sobre todo, un problema vasco, aunque consista en la problemática y contradictoria interpretación que los vascos hacemos de un asunto que concierne también a terceros: la cuestión nacional. Nosotros somos los que, en principio, tenemos que llegar a un arreglo.

  Deberá aceptarse, por tanto, que el núcleo del problema no está en una supuesta confrontación Estado-Euskadi, en la que ETA desempeñaría el papel de “vanguardia” representativa de la auténtica voluntad popular vasca, sino que consiste en la contraposición de opiniones vascas sobre lo que somos y queremos ser (también en relación con España, por supuesto).

  c) Dicho esto, habrá de aceptarse también que el diálogo que se produzca entre los Partidos de representación vasca concierne al conjunto del Estado. En tal medida, las instancias representativas del Estado deberán tener una participación en el proceso.

  Cabe decir, en primer lugar, que tal participación viene ya garantizada, en principio, a través de la representación vasca de los Partidos de ámbito estatal, lo cual aseguraría que los consensos suficientes que habrían de alcanzarse entre los Partidos vascos resultaran también asumibles en el ámbito estatal.

  Más aún. El proceso que se propone ha de ser contemplado desde una perspectiva eminentemente pragmática. Cuestiones de calado político e ideológico, tales como las de la “soberanía” y su “residencia” (si en el Pueblo español o en el vasco), deben quedar obviadas. Aquí se trata de un estadio procedimental previo: cómo resolver un conflicto que surge de un colectivo concreto. En el curso del proceso no están en cuestión ni la soberanía ni su residencia. Más bien, desde la soberanía actualmente reconocida, se opta por un determinado procedimiento de resolución.

  Desde esta perspectiva, las instancias competentes del Estado, como parte concernida por el proceso, optan por -y declaran de antemano su disposición a- 1) dejar la resolución dialogada del conflicto en manos de los Partidos representativos de la sociedad vasca, 2) hacer propios los acuerdos que aquéllos puedan alcanzar en las instituciones vasca y 3) pactar con éstas su eventual incorporación al ordenamiento jurídico con el fin de que puedan resultar operativos.

3.Los contenidos del diálogo

  El diálogo político resolutivo versará, como es obvio, sobre la llamada “cuestión nacional”, es decir, sobre el modelo de autogobierno del que los vascos querríamos dotarnos. A partir del statu quo actualmente existente y de la aceptación, al menos  fáctica, de las instituciones de autogobierno actuales -cuya legitimidad democrática es incuestionable para nosotros-, se negociaría una agenda, se acordaría un procedimiento y se alcanzarían eventualmente unos consensos (cuyo nivel, para que sean suficientes, debe estar fijado de antemano).

  Todas las partes se comprometerían de antemano a acatarlos y ETA, en particular, habría de dejar claro, desde el inicio, que ni interferirá en el proceso ni volverá a su actividad violenta, si los resultados no le satisfacen. El compromiso con los procedimientos democráticos ha de ser inequívoco y definitivo desde antes de iniciar el proceso.

  La extensión del período de diálogo y negociación debería estar fijada de antemano. De otro lado, el proceso debería ser, como se ha dicho, abierto en sus dos extremos: a) sin condiciones previas y b) sin límites de resultados. Por poner un ejemplo: ni el reconocimiento de la autodeterminación podría ser una condición previa para iniciar el proceso ni el mismo podría quedar excluido a priori como eventual resultado del consenso. Porque, caso de ser resultado del consenso, podría dejar de ser elemento de confrontación interna y externa, para convertirse en instrumento de reconciliación.

  Alcanzados los acuerdos, podría pensarse en un escalonamiento temporal para hacerlos efectivos, de modo que, sometidos a la prueba del tiempo (dos o tres años), pudieran sedimentar y ser presentados con mayor sosiego al refrendo popular. Este procedimiento supondría una garantía de solidez y suficiencia de los acuerdos alcanzados. Asimismo, el proceso debería cerrarse con un compromiso de adhesión leal y duradera por parte de los Partidos implicados, de modo que lo acordado recibiera garantías suficientes de estabilidad y permanencia.

4.Cuestiones procedimentales

  a) con anterioridad a la apertura del proceso, se requerirían, como es obvio, intensos procesos de diálogo en varias direcciones, con el fin de madurar la propuesta y de hacerla viable. Tales procesos de diálogo exigirían máxima discreción (¿cómo lograrla?). Los diálogos deberían implicar: a) a los Partidos de la Mesa; b) al Gobierno central y a los Partidos de la oposición en el ámbito estatal; c) al mundo de ETA y HB, con el fin de sondear e incluso propiciar su disponibilidad (aquí adquirirían todo su sentido los contactos secretos con ETA). Se requerirá, asimismo, un intenso proceso de información de la opinión pública.

  b) Sería conveniente disponer de un estudio serio sobre la cobertura jurídica del proceso, en la que entraría una investigación en torno a las posibilidades de la Constitución y el Estatuto (Adicional Primera y Adicional Unica respectivamente, así como la Disposición derogatoria y otras). A tener en cuenta, sin embargo, que la dirección de todo el proceso debería ser eminentemente política. Desde una voluntad política decidida cabría quizá una lectura constitucional y estatutaria que diera cabida a los consensos que pudieran alcanzarse.

  c) Debatida y madurada la propuesta, debería formularse y presentarse de manera adecuada. Habría que decidir entonces:

                               - quién o quiénes la presentan

                               - cuándo y cómo se hace.

III. Conclusión

  Todo lo que antecede no es, como puede claramente deducirse, una propuesta formal de diálogo dirigida a ETA y HB. En el estadio actual, es, simplemente, una propuesta para el acuerdo dirigida a los Partidos que integran la Mesa de Ajuria-Enea. Todos somos conscientes de que, en las actuales circunstancias, no se dan las condiciones para dirigir propuestas de este tipo al mundo de ETA-HB. Menos aún, si no están suficientemente acordadas entre nosotros.

  Pero, aclarado esto, las mismas circunstancias actuales son las que nos apremian a construir acuerdos sobre este asunto. La sociedad vasca no está dispuesta a que se le enquiste indefinidamente este problema y a tener que convivir con él sin esperanza de solución.

  La propuesta que se hace suscitará, como es obvio, múltiples preguntas, recelos y resistencias. Es natural. Pero la gran pregunta que plantea y que debemos contestar es si servirá para alcanzar la paz. Si así fuera, todos los trastornos que provoca habrían merecido la pena.

  De momento, sin embargo, se nos abre otro interrogante previo. Si nosotros, los Partidos democráticos, alcanzáramos un acuerdo sólido en torno a una propuesta de este tipo, ¿no habríamos conseguido ya, sólo con ello, reforzar nuestra unidad y recuperar el liderazgo en el proceso de pacificación? Quizá sólo por esto merezca la pena su toma en consideración.

  Porque, definido el horizonte final, nos resultará más fácil juzgar la procedencia o improcedencia de todos los demás elementos que integran la lucha antiterrorista y el proceso de pacificación. No es momento de analizar ahora, uno por uno, todos esos elementos: eficacia policial, acción judicial, política penitenciaria, presión social, discurso político a mantener, acercamiento o aislamiento de HB, contactos con ETA, etc. Lo que interesa subrayar es que tales elementos serán correctos o incorrectos en la medida en que conduzcan a ese horizonte o nos desvíen de él. Este debe ser el criterio para ponerlos en práctica y juzgarlos. Como criterio general, todo aquello que contribuya a hacer ver a ETA y HB la inutilidad de persistir en la violencia será conducente a ese horizonte. De lo que en esta propuesta se trata es precisamente de persuadir a ETA y HB de que el conflicto es menos útil, menos cómodo y menos rentable que su resolución.

  Y, para terminar, una última consideración. En el proceso de pacificación, tal y como se concibió en el Acuerdo de Ajuria-Enea, la posibilidad de un “final dialogado” ha estado siempre presente. Se ha dicho a veces, sin embargo, que la insistencia en esa posibilidad debilita la lucha antiterrorista y fortalece (“da alas”) a los violentos. Ha ido instalándose así la tendencia a proscribir el término “diálogo” del lenguaje democrático en el contexto de dicha lucha, por temor a dejar al descubierto una “debilidad” del sistema.

  El planteamiento que en estas páginas se ha hecho parte de una convicción bien distinta. El diálogo, además de ser atributo irrenunciable del sistema democrático, constituye una de sus máximas fortalezas. Insistir en el diálogo debilita las posiciones propias, sólo cuando no se concretan, a la vez, sus condiciones y sus contenidos, es decir, cuando se da a entender que, a través del diálogo, cualquier cosa es posible en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia. No cabe duda de que este error se ha cometido. Pero, cuando la oferta de diálogo viene acompañada de una clara delimitación de sus condiciones de posibilidad, de sus procedimientos y de sus contenidos, en vez de debilidad significa fortaleza.

  Tal es, creo yo, la oferta de diálogo de la que aquí se trata. Bajo estas condiciones, insistir en el diálogo y propiciarlo es siempre oportuno.

IV.  Anexo

  Conviene subrayar, para concluir, que lo que aquí se propone no es ajeno al razonamiento que subyace en el Acuerdo para la Normalización y Pacificación de Euskadi. Está, por el contrario, basado en él. Podría decirse que no es, en el fondo, sino la explicitación de ideas que en aquel Acuerdo estaban sólo implícitas e insinuadas.

  El esquema de diálogo final que se propone respeta escrupulosamente lo dicho en el artículo 10 del Acuerdo, en el que se remite a los Partidos representativos el tratamiento de las cuestiones políticas:

                “Si se producen las condiciones adecuadas para un final dialogado de la violencia, fundamentadas en una clara voluntad de poner fin a la misma y en actitudes inequívocas que puedan conducir a esa convicción, apoyamos procesos de diálogo entre los poderes competentes del Estado y quienes decidan abandonar la violencia, respetando en todo momento el principio democrático irrenunciable de que las cuestiones políticas deben resolverse únicamente a través de los representantes legítimos de la voluntad popular.”

     En cuanto a la posibilidad de una modificación del actual statu quo, es algo que reiteradamente se menciona y se posibilita en el Acuerdo, con la sola condición de que tal modificación sea expresión democrática de la voluntad popular. A este respecto, el Acuerdo no hace sólo referencia a la posibilidad de reformar el Estatuto de Gernika, sino que remite también a las posibilidades de evolución en el autogobierno que contiene la Adicional Unica del mismo. Así, ya en el prólogo se afirma:

    “Más aún, como expresión de respeto y reconocimiento de las profundas aspiraciones al autogobierno que el Pueblo Vasco ha demostrado a lo largo de su historia, el propio Estatuto refrendado, en su Disposición Adicional, hace reserva expresa de los derechos que a dicho Pueblo hubieran podido corresponder en virtud de su historia y a cuya actualización, mediante la expresión de su voluntad en cada momento y de acuerdo con lo que establezca el ordenamiento jurídico, aquél no renuncia por la aceptación del actual régimen de autonomía.”

  Igualmente, en el artículo 2.c. se dice:

    “Es la voluntad mayoritaria del pueblo, a través de sus representantes legítimos, y no la de quienes pretenden imponer de forma violenta o totalitaria sus criterios sobre el conjunto de la sociedad, quien debe juzgar en cada momento de la validez o invalidez del Estatuto como instrumento de autogobierno y decidir, en su caso, su reforma y desarrollo mediante los procedimientos contemplados en el propio Estatuto y en la Constitución, estando siempre legitimado el mismo pueblo para reivindicar cualquier derecho que, de acuerdo con las Disposiciones Adicional Primera de la Constitución y Unica del Estatuto, le hubiera podido corresponder.”  

   Lo cual  nos remite a la Adicional Unica del Estatuto.

    “La aceptación del régimen de autonomía que se establece en el presente Estatuto no implica renuncia del Pueblo Vasco a los derechos que como tal le hubieran podido corresponder en virtud de su historia, que podrán ser actualizados de acuerdo con lo que establezca el ordenamiento jurídico.”

     En el mismo sentido, el artículo 8 del Acuerdo defiende que:

    “... la legitimidad de todas las ideas políticas, expresadas democráticamente, tiene en el marco parlamentario la vía de defensa y, en su caso, de incorporación al ordenamiento jurídico de cualquier reivindicación.”

     Interpretando todos estos textos, la Mesa de Ajuria-Enea ha hecho públicos diversos comunicados conjuntos, que subrayan las mismas ideas. Así, el 11 de enero de 1996, se afirmaba que:

    “... el Pueblo vasco puede encontrar cauces pacíficos y democráticos para hacer valer los derechos que pudieran corresponderle, toda vez que, en un proceso democrático, la voluntad mayoritaria de la ciudadanía vasca, legítimamente expresada, debe encontrar su aplicación en el ordenamiento jurídico vigente en cada momento.”

     Y, finalmente, el 25 de junio de 1996, respondiendo a la tregua que ETA acababa de ofrecer, la Mesa de Ajuria-Enea decía:

    “... nosotros reafirmamos nuestra sincera voluntad de paz y nuestro apoyo a un final dialogado del conflicto en los términos del Punto 10 del Acuerdo para la Normalización y Pacificación de Euskadi, de modo que sean los Partidos vascos con representación parlamentaria los que avancen, a través del diálogo, en la consecución de un consenso democrático que dé satisfacción razonable a las plurales opciones políticas de nuestra sociedad, consenso que, una vez alcanzado, nosotros nos comprometemos a respetar y a que sea respetado efectivamente en todos los ámbitos, utilizando para ello todos los instrumentos que el ordenamiento jurídico pone a nuestra disposición”

     Y, tras exigir a ETA una serie de gestos que avalaran la sinceridad de su voluntad, proseguía:

     “... nos comprometemos a iniciar un proceso sincero y abierto de diálogo entre todos los Partidos políticos vascos con representación parlamentaria, que dé con un consenso capaz de integrar razonablemente todas las sensibilidades políticas de la sociedad vasca y de alcanzar su definitiva normalización y pacificación.”

Vitoria-Gasteiz, 17 de marzo de 1998.

NOTA DEL EUZKADI BURU BATZAR SOBRE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL, ANULANDO INCENTIVOS FISCALES DEL TERRITORIO DE BIZKAIA

  Con grave preocupación ha conocido el Euzkadi Buru Batzar del EAJ-PNV la sentencia de la Sección Segunda de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, por la que se anula la Norma Foral 8/88 de incentivos fiscales del Territorio de Bizkaia.

  Raya en la ligereza jurídica el que, en poco más de dos folios, decida anular la Norma Foral aludida alegando:

  a) su carácter distorsionador de la competencia empresarial

   b) establecer una presión fiscal efectiva global en Bizkaia inferior a la que existía en territorio común.

   En los términos literales de la Sentencia: "resulta patente la desigualdad y la diferencia de efectiva presión Tributaria global en el interior del espacio fiscal español".

  A nuestro entender, tal pronunciamiento denota, en el mejor de los casos, ignorancia e incompetencia, y en el peor, intencionalidad política dirigida.

  No nos cabe en la cabeza el que el Alto Tribunal siente tal afirmación sin ningún análisis económico-fiscal comparativo, desconociendo que para comparar la presión efectiva global de un territorio (Bizkaia) con el de régimen común precisa del análisis y consideración del conjunto de impuestos y no de la situación referida a un impuesto concreto.

  Ni entendemos que se ignoren solventes estudios independientes, en los que se demuestra lo contrario, es decir, que la presión efectiva global en la Euzkadi autónoma viene siendo netamente superior a la del  territorio fiscal común.

  Pero aparte de eludir datos objetivos no ha tenido empacho el juzgador en arrumbar la doctrina sentada al respecto, a lo largo de los últimos años, por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en obviar sentencias al respecto del propio Tribunal Constitucional y en contradecir la línea doctrinal manifestada por el propio Alto Tribunal en Sentencia de 19.7.91, donde textualmente señala: "No puede sostenerse que un Territorio Histórico sea obligado a mantener ni los mismos tipos impositivos ni las mismas bonificaciones que se conceden para el resto del Estado. Ello implicaría convertir al legislador fiscal en mero amanuense -mejor en mero copista- con lo que la autonomía proclamada desaparece". Es decir, que la autonomía normativa está para ser ejercida.

  Nos preocupa  y no poco el que la Sentencia acuñe un nuevo concepto, el de "Espacio Fiscal Español", que denota su incapacidad de concebir sistemas fiscales diversificados. En ella el principio de armonización fiscal se identifica con el de uniformidad fiscal, en flagrante contradicción con la propia Constitución donde se diseñan espacios diferenciados de autogobierno y la realidad de la autonomía fiscal en el Estado español en el momento presente, donde pueden coexistir normativas fiscales diferenciadas. Todo ello no puede menos de evocar en nuestras mentes reminiscencias unitarias propias de otra época y régimen que creíamos ya superados. Porque ni la armonización fiscal comporta uniformidad, ni la diferencia de normativa fiscal tiene que ver con la presión fiscal.

  Por más que duela a quienes añoran viejos tiempos unitarios y centralistas, el sistema fiscal vasco que configura el Concierto actualizado de 1997 está asimilado a un sistema fiscal propio de nivel estatal. Y si no asombra que entre los diversos ámbitos fiscales de la Unión Europea existan diferencias impositivas, evitando la competencia desleal, tampoco debe generar incomprensión el que tales diferencias se produzcan entre el sistema fiscal vasco y el común.

  El autogobierno está para ejercerlo, atendiendo a las necesidades y demandas de la ciudadanía. De ahí que este EBB alentará y defenderá las actuaciones que en el ejercicio del autogobierno realicen las instituciones vascas y denunciarán las decisiones de aquellas otras que bajo aparente independencia jurídica pretendan quebrar el modelo de autogobierno que la ciudadanía vasca está construyendo.

  Hemos visto durante décadas cómo un cuerpo jurídico tan querido como el derecho civil foral, resto, políticamente inofensivo, del sistema foral vasco, fue siendo desvirtuado y disminuido paulatinamente por vía jurisprudencial del Tribunal Supremo, conduciendo las instituciones a las de derecho común.

  En estos tiempos, en los que tan descaradamente se habla en los medios de politización de la justicia y del constante pulso entre magistrados "progresistas" y "conservadores", respaldados desde opciones políticas mayoritarias, para ocupar los puestos claves del Tribunal Constitucional o del Supremo, especialmente de su Sala Segunda, no puede menos de invadirnos la zozobra a quienes profesamos opciones políticas al margen de los dos Partidos mayores de ámbito estatal.

  No es tolerable el que en litigios como el presente tengamos que hacer cuentas sobre qué magistrados componen un Alto Tribunal, o a qué linea ideológica se adscribe el magistrado ponente.

  Los nacionalistas vascos hemos acatado la Constitución bajo condición de obtener una Autonomía suficiente, pero resulta legítimo que nos preguntemos a nosotros mismos qué seguridad jurídica sostiene nuestro Estatuto cuando rebajas, como la que nos propone el Ministro Rajoy, leyes marco o de bases, y una interpretación sesgada, si no sectaria, de los Altos Tribunales amenazan con un paulatino vaciamiento a nuestro marco jurídico autonómico.

Euzkadi 14 de Marzo de 1998

"BAKEA ELKARRIZKETA ETA DEMOKRAZIAREN BITARTEZ LORTZEKO ALDARRIA" (PLATAFORMA HONEN AGIRIA)  

  Euskal Herria, begiratzen zaion aldetik begiratzen zaiola, bidegurutzean dago.

  - Hogei urteko ibilbide autonomikoak ongi sustraituriko zenbait erakunde eta eskumen utzi dizkigun arren, begi-bistakoa da Estatutuaren eta Foru-Hobekuntzaren garapenak bere mugak dituela, norbanako nahiz gizataldeen eskubide eta askatasunetan hutsune handiak daudela.

  - Ekonomiaren gaur egungo susperraldiak krisian harrapatu du Euskal Herriko ekonomia eredua, langabezia delarik -gazteenen artekoa, batez ere-, horren ondoriorik latzenetakoa.

  - Egia da, poliki bada ere geure burua komunitate gisa hautemateko moduko kultura identitate oinarrizko bat eraikitzen ari garela, baina badirudi badela oraindik ere herri hau irizpide etniko zein soziopolitikoen araberako bi puska eginik ikusteko irrikitan dagoenik. Horretan ezezik, lurralde-antolamentuari dagokion alorrean ere ukaezina da estatu(eta)ko hedabideek daragiten presioa.

  - Azkenik, biolentzia politikoa betiereko bilakatu zaigu, eta horrek aztoratu egiten du gizartea. Gizarte horren beraren zati txiki baina hala ere kontuan hartu beharreko batek, ordea, ezinbesteko erreferentziatzat du ETA.

  Begibistan jarri dugun panorama beltz horretan bada betiereko bilakatzeko arriskua duen gaitzik, eta horrek geure seme-alaben Euskal Herriaren etorkizuna honda lezake, ahalik azkarren zerbait egin ezean.

  Biolentzia politikoaren arazoaren aurrean, honako hau aldarrikatu nahi dugu:

  1.- ETAren bortxakeria setatia kargu hautetsiak hiltzeraino heldu da. Kale borrokak, berriz, ondare eta erakundeak hartu ditu jomugatzat. Bi-biek ere gehiengoaren iritzien kontra dihardute, elkarbizitzarako ezinbesteko diren balioak kolokan jarri, eta sakoneko arazoen irtenbidea eragotziz.

  2.- Espainiko gobernuaren politika  ez da beti demokraziaren eredu. Batetik, demokrazia sakontzeko eta euskal hiritarrei beren erabakimena aitortzeko garaian uzkur jokatzen duelako, eta, bestetik, giza eskubide zenbaiti zaputz egiten dielako, presoekin gertatzen den legez.

  3.- Oker daude bortxakeria polizia-neurri hutsez konpotzekotan daudenak. Zuzenbide beteko estatu batean ez da zilegi konponbide autoritarioak  aldeztea -are gutxiago konponbideok lehen ere behin eta berriz saiatu direnean, GAL direlakoak barne, alferrik-, ezta jende multzo jakin batzuei giza-ezaera ukatzea ere. Jokabideok mundu-ikuskera atzerakoi baten ondorio dira, non eta ez diren nazionalismoaren kontrako setakeria hutsa. Antinazionalismo hori, gainera, estatu-nazionalismo aitorgabe batetik sortzen da maiz, mundu-ikuskera aurrerakoi baten kaltetan.

  4.- 1997ko uztailean Miguel Angel Blancoren hilketa aho batez salatu zuen Euskal Herri hori bera da inkestatan gehiengo handiz elkarrizketaren, suetenaren, negoziaketaren eta gure herriak gehiengoz erabakitzeko duen eskubidearen alde azaltzen dena.

  5.- Politikaren plazan dauden elkarrizketarako proposamenetan hainbat irtenbide aipatzen da. Datozen lekutik datozela ere, zentzunez eta zabaltasunez eginiko proposamen guztiak dira aintzat hartzekoak, bakerako bideak topatzeko saioak badira. Ausardia eta irudimena behar ditugu gaur hemen, luzaroan gaiztoturiko bortxakeria pairatzen duten inguruko beste zenbait herrialderen eskarmentuak argi asko erakusten duenez. Benetako urratsak egin behar ditugu, bereziki irtenbide politikoen alorrean. Dena dela, azken hitza euskal gizarteari dagokio, ta demokratikoki esan beharrekoa da azken hitz hori.

  Hiritar garen aldetik, aldarri hau sinatzen dugun Unibertsitateko irakasle, intelektual, profesional eta artistok geure gain hartzen dugu gure komunitatearen arazoak era eraginkorrean konpontzen laguntzeko erantzunkizuna, beti ere aniztasunez, zehaztasunez eta arazoak beren testuinguruan eztertuz. Horrexegatik egiten diegu dei gizarte honetan protagonismoa duten arilariei, distentsioaren, elkarrizketaren eta demokrazioaren bitartez Euskal Herriaren baketze eta normalizazioaren elde tinko lan egin dezaten.

  Euskal Herria se encuentra en una situación crucial en varios aspectos.

  - Han transcurrido veinte años de experiencia autonómica y, junto a instituciones y competencias consolidadas, se constatan limitaciones en el marco estatutario y en el Amejoramiento del Fuero y significativos déficits en los derechos y libertades individuales y colectivos.

  - La reactivación económica actual se da en el marco de una crisis del modelo económico vasco, con un altísimo nivel de paro, especialmente juvenil.

  - Se está construyendo, aunque muy gradualmente, una identidad cultural básica compartida como comunidad, pero no estamos a salvo de las actitudes proclives a una división en dos comunidades, por perfiles étnicos o sociopolíticos. En este tema y en el de la vertebración territorial hay una presión mediática centralista sobre la opinión pública.

  - Finalmente, la violencia política se ha convertido en endémica y traumatiza nuestra sociedad, mientras un sector social minoritario pero significativo tiene como seña de identidad a ETA.

  Todo ello configura un cuadro general que tiende a perpetuarse en sus rasgos más negativos, amenazando el porvenir inmediato, y en consecuencia la Euskal Herria de nuestros hijos.

  Frente al problema de la violencia política queremos manifestar que:

  1.- La persistente acción violenta de ETA contra la vida de las personas -hasta el extremo de asesinar a cargos electos- así como la llamada kale borroka contra bienes e instituciones, chocan frontalmente con las convicciones mayoritarias, cuestionan los imprescindibles valores compartidos para la convivencia y bloquean la salida a los problemas de fondo.

  2.- La política del Gobierno del Estado no es siempre un espejo en el que la democracia pueda mirarse. A sus resistencia a avanzar en la democratización y en el reconocimiento del derecho colectivo de decisión de la ciudadanía vasca, añade la conculcación de algunos derechos humanos, por ejemplo, los de las personas encarceladas.

  3.- Se equivocan quienen piensan en erradicar la violencia sólo policialmente. En un Estado de Derecho no se deben propugnar ni las soluciones autoritarias , ya ensayadas además en todas sus versiones, incluido el GAL, ni la demonización de sectores sociales enteros. Esas ideas son propias de una concepción reaccionaria del mundo o bien el producto de una ofuscación antinacionalista -formulada desde un implícito nacionalismo de Estado- a la que se sacrifica una visión progresista.

  4.- El mismo Pueblo Vasco que en julio de 1997 denunció masivamente el asesinato de Miguel Angel Blanco considera, como lo muestran también las encuestas por abrumadora mayoría, que no hay más salidas a la fractura actual que el diálogo, la tregua, la negociación y la decisión democrática mayoritaria de nuestro pueblo.

  5.- Las múltiples iniciativas para el diálogo que hay en la arena política aportan vías distintas de salida. Todas las propuestas sensatas y abiertas, vengan de donde vengan, son bienvenidas porque son caminos a explorar para la paz. Hoy se requieren fórmulas audaces e imaginativas como las que se están produciendo en algunos países con fenómenos de violencia política enquistada. Necesitamos pasos efectivos, especialmente en el plano de las salidas políticas. En cualquier caso, la sociedad vasca, democráticamente, debe tener la última palabra.

  Como parte de la ciudadanía, los universitarios, intelectuales, profesionales y artistas firmantes nos comprometemos desde la pluralidad, la tolerancia, el rigor y la perspectiva, a contribuir a resolver positivamente los problemas de nuestra comunidad. En consecuencia, llamamos a los agentes protagonistas a que mediante la distensión, el diálogo y la democracia avancen de forma decidida hacia la pacificación y la normalización de Euskal Herria.