1998ko
Martxoak 9
68. alea
SUMARIO
-
Sobre la Sentencia del Tribunal Supremo anulando incentivos fiscales.
- Sobre la Ley del Suelo.
SOBRE
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO ANULANDO INCENTIVOS FISCALES
La sentencia del Tribunal Supremo anulando unos incentivos fiscales a
la inversión de Vizcaya de 1988 no es de recibo. Supone, al carecer de
argumentos que la justifiquen, un ataque directo al autogobierno y al Concierto
Económico. Está, a mi juicio, huérfana de un proceso de análisis y reflexión
sobre la materia que enjuicia, lo que nos lleva a discrepar abiertamente de su
contenido.
Resulta chocante que un asunto de la trascendencia que enjuicia la sala
del Tribunal, al afectar a derechos históricos del País Vasco, se resuelva en
menos de un folio, y en abierta discrepancia con la doctrina sentada a lo largo
de los últimos años por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.
Una vez más los vascos nos vemos en la obligación de tener que recordar
tres cuestiones básicas:
PRIMERA.-
El Concierto Económico es un derecho histórico del Pueblo Vasco. Es un
instrumento de autogobierno en materia económica y fiscal que hunde sus raíces
mucho más allá de nuestra historia más reciente. No tenemos privilegio
alguno. Solamente tenemos lo que nos corresponde.
SEGUNDA.-
Euskadi tiene una no menos histórica tradición y vocación por gobernarse a sí
misma. El Pacto alcanzado durante la transición para actualizar ese
autogobierno es el espacio que los vascos compartimos para desarrollar en
progreso y libertad nuestro país. No es ni mejor ni peor que el de los demás.
Simplemente es diferente, y es un deber y una obligación del Estado en su
conjunto respetarlo y defenderlo.
TERCERA.-
La utilización de la fiscalidad por parte de las instituciones vascas desde
hace más de una década no se ha hecho con el propósito de molestar o
perjudicar a nadie. Hemos llevado a cabo un debate fiscal para poner la
fiscalidad al servicio del progreso de nuestro país, como es nuestra obligación.
Euskadi, como bien saben las instituciones de la Unión Europea, está
comprometida en la construcción de Europa. Conocen que el País Vasco apoyará
los procesos de armonización fiscal que se promuevan en la Unión, porque está
convencido que un espacio económico común y una moneda única deben contar con
mecanismos estabilizadores automáticos como la armonización de la fiscalidad
del tráfico empresarial.
Pero también conocen en Bruselas que el País Vasco no está dispuesto a
tolerar que quienes no tienen el más mínimo interés de realizar este camino
estén permanentemente cuestionando las competencias de este país.
Europa es hoy un mosaico diverso y plural de regímenes fiscales y a
nadie se le ocurre decir que no existe una unidad de mercado y que existen
trabas para la libre circulación. Si esto es así para el ámbito europeo de la
misma forma lo es para el espacio interno de los Estados, aunque como he dicho,
es deseable que los mismos acuerden espacios de colaboración y armonización
en el marco de la Unión. Para
el Tribunal Supremo, de acuerdo con esta sentencia, no puede existir en la Unión
Europea la libre circulación y la unidad de mercado sin uniformidad fiscal.
Como de manera malintencionada se ha tratado de explicar a la opinión pública,
Euskadi no es un paraíso fiscal. La Presión Fiscal en Euskadi, como ha dejado
meridianamente claro el Instituto Europeo de Administración Pública en 1997,
ha sido superior a la del Estado desde la aprobación del Concierto Económico
en el entorno de dos puntos de promedio anual.
La sentencia sustenta su pre-juicio en un dato: la Comisión Europea
exigió que los No Residentes europeos con establecimientos en Euskadi debían
ser tratados de igual manera que los residentes, y exigió al Estado que
modificase la Legislación.
Es éste un asunto viejo, complicado, y superado. Superado porque en el
nuevo Concierto Económico están concertadas las rentas de los No Residentes.
¿En qué consistía el problema de los No Residentes? Trataré de
explicarlo brevemente. Los ciudadanos europeos con establecimientos en Euskadi
tenían la obligación de tributar exclusivamente al Estado, habiendo resultado
inútiles todos los esfuerzos de las instituciones vascas por solucionar este
asunto de índole absolutamente menor desde el punto de vista recaudatorio.
El anterior Gobierno socialista, lejos de modificar el Concierto, optó
por reconocer una teórica compensación económica a los No Residentes que
hipotéticamente pudieran resultar perjudicados. Nadie ha solicitado
nunca este tipo de compensación. Fue una solución rocambolesca y rayana
en la chapuza, pero que sirvió para que la Unión Europea dejara de considerar
que existía una discriminación.
El Tribunal Supremo concluye sorprendentemente que si el Estado tenía
que compensar a los No Residentes “resulta patente la desigualdad y la
diferencia de efectiva presión tributaria global en el interior del espacio
fiscal Español”. Desde el punto de vista tributario nada tiene que ver una
cosa con la otra. La conclusión que obtiene de ello es un absoluto despropósito.
El Supremo confunde la solución que el Estado dio a un problema técnico
con la presión fiscal y muestra, de paso, un profundo desconocimiento de los
instrumentos del autogobierno vasco. Pero, como he dicho, este es un asunto
superado.
Más preocupante resulta la apreciación del Tribunal en el sentido de
que pueda existir una diferente fiscalidad en el espacio interno del Estado. Un
hecho que, al parecer, la Sección Segunda de la Sala Tercera de lo Contencioso
no concibe.
Ante consideraciones así sólo se pueden decir dos cosas:
Una.-
Que la Constitución no diseña un espacio homogéneo de autogobierno y que
permite y fomenta, por la actualización de los Derechos Históricos, la
diversidad fiscal.
Dos.-
La responsabilidad en materia de recaudar impuestos asumida por las autonomías
generaliza la existencia de un modelo en el que ya coexisten diferentes y
diversas normativas fiscales y tributarias en todo el Estado.
No voy a recordar por lo demás la abierta contradicción que la
sentencia del Supremo tiene con otras resoluciones del propio Tribunal y con las
del Constitucional. Únicamente cabe recordar que éste último han sentado que
el autogobierno está para ejercerse y que no puede pretenderse que el mismo sea
una fotocopia de las actuaciones del Estado.
Veinte años de Democracia no han servido para desarrollar y consolidar
instituciones fundamentales de autogobierno para el País Vasco. Permanentemente
se están cuestionando y permanentemente se está pretendiendo quebrar el modelo
de convivencia construido por los vascos. Pareciera que existen importantes
fuerzas que, en lugar de asentar las instituciones, pretenden que éstas
permanezcan flotantes para hundirlas en cualquier momento.
Euskadi ha renovado su Concierto Económico y lo ha hecho para situar el
País Vasco en Europa con la seriedad y el rigor necesarios. No vamos a
renunciar a nuestros derechos y vamos a seguir aplicando el Concierto Económico
con una nítida y clara voluntad de progreso.
Juan José Ibarretxe
Vicelehendakari del Gobierno Vasco
SOBRE
LA LEY DEL SUELO
Falta poco para que concluya la tramitación parlamentaria de la Ley
sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, y creo que ya es posible adelantar un
juicio sobre ella: desde nuestra perspectiva de reivindicación de la
competencia autonómica en materia de urbanismo es aceptable, con algún matiz.
El texto presentado por el Gobierno, ha sufrido, en sus distintas fases,
cambios substanciales fruto del quehacer conjunto de los Grupos Catalán,
Canario y el nuestro, que han arrastrado al Grupo Popular y el propio Gobierno
hacia un consenso, con importantes transacciones.
Más que los concretos contenidos, que tiempo habrá para exponerlos, me
interesa hoy comentar la reacción de representantes socialistas, en su doble
versión PSOE-PSE, afirmando que lo aprobado es inconstitucional y que lo llevarán
al Tribunal Constitucional. La primera vez que lo oí, creí que sería en
reivindicación de mayores competencias estatales, dada su trayectoria en esta
materia cuando gobernaban. Pero no, afirman, para atacar al PNV -que ya estamos
en campaña- que lo harán en defensa de las Comunidades Autónomas...Un partido
que auspició el Decreto-Legislativo de 1992, declarado casi en su totalidad
inconstitucional por carecer el Estado de título para lo que regulaba y no
caber regulaciones supletorias, y que en esta Legislatura presentó una
Proposición de Ley que pisaba por todas partes facultades autonómicas, ahora
se ha convertido al respeto competencial.
Nosotros hemos defendido lo que sostenemos honestamente desde siempre, lo
que creemos que nos reconoce el Estatuto. Pero si, fruto de esta nueva fe autonómica,
el PSOE lleva definitivamente el texto de la Ley al Tribunal Constitucional y
obtienen un resultado más favorable al autogobierno, estaremos encantados. No
caerá esa breva.
Margarita
Uria
Diputada de EAJ-PNV en el Congreso