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SUMARIO

-Postura del Grupo Vasco en el Congreso en relación con el Proyecto de Ley sobre Régimen del suelo y valoraciones.

Postura del Grupo Vasco en el Congreso en relación con el Proyecto de Ley sobre Régimen del suelo y valoraciones

  Se trata de un proyecto de una importancia extrema desde la óptica del Partido, ello deriva  tanto  de la configuración del derecho de propiedad urbana que en él se articula, como por incidir en uno de los elementos claves, como lo es el suelo, para que el derecho a un vivienda digna en calidad, en precio y por su entorno sea una realidad alcanzable para todos los ciudadanos. Además el territorio es un elemento escaso y difícilmente renovable, cuya disposición y oferta debe conjugar tanto el interés de su legítimo propietario, como el de la sociedad en el que este último se inserta.

   Pretende ser una ley previa al urbanismo, ya que, por así establecerlo la Sentencia del Tribunal Constitucional de 20 marzo de 1997, debe regular una serie de cuestiones referidas a la propiedad del suelo sin colisionar con las competencias que en esta materia de urbanismo y de ordenación del territorio corresponden en exclusiva a las Comunidades Autónomas.

  El texto presentado por el Gobierno estatal nos mereció inicialmente una opinión muy negativa, que quedó reflejada  en la presentación de 28 enmiendas de mucha enjundia.

  Sin embargo lo aprobado en la comisión celebrada el 10 de diciembre nos parece aceptable con algún matiz. Entre los dos hay un intensísimo trabajo de reuniones e intercambio de redacciones con los grupos de Coalición Canaria, de CiU y con el propio Grupo Popular que necesitaba nuestros votos, para conseguir, manteniendo el esquema del proyecto, llegar a invertir el sentido de casi todos los preceptos a través de numerosas transacciones.

  Creemos, que con nuestra participación en los trabajos, se han corregido dos tendencias que se manifiestan sin paliativo alguno en el texto del Gobierno.

  1) Se apostaba por una concepción extensiva del suelo susceptible de ser urbanizado, lo que suponía un claro desconocimiento de los distintas realidades del suelo -escaso en unos lugares, extenso en otros-  y de las competencias autonómicas. La puesta en el mercado del suelo, debe ser una decisión autonómica urbanística.

  2) Por otro lado, se ponía en cuestión el papel de la Administración Pública, haciendo descansar el desarrollo urbano del suelo en manos casi exclusivamente de los propietarios.

  Ambos aspectos se han corregido en las transacciones aprobadas y puede afirmarse que ahora -en el estado de tramitación del texto- la decisión de clarificar suelo urbanizable compete a las administraciones públicas actuantes y que se aboga por un equilibrio entre las iniciativas pública y privada, apostándose por las agentes profesionalizadas en la promoción, urbanización y edificación, como instrumento hábil para garantizar la producción del suelo urbanizado y edificado.

  Merece ser citado especialmente, por recientes sucesos de daños catastróficos, el impedimento de urbanizar que se contempla, en aquellos terrenos sobre los que pesen riesgos naturales, acreditados a través del planeamiento sectorial.

  Nuestra mayor discrepancia con lo transaccionado se refiere a los porcentajes de cesión del suelo con aprovechamiento. En este punto consideramos que el texto pudiera haber sido más respetuoso con las competencias autonómicas y con los intereses de los propietarios, estableciendo una horquilla de cesión entre el cinco y el quince por ciento, a fijar por la ley autonómica, y estableciendo el reparto proporcional de los gastos de urbanización entre administración y propietario en la parte en que cada uno llegase a patrimonializar.

  El texto aprobado cifra la cesión, tanto en suelo urbano como en urbanizable en un diez por ciento, y deja a la ley urbanística propia la posibilidad de reducir la participación de la Administración en las cargas de urbanización.

  Es posible argumentar que un diez por ciento "limpio" es más favorable a las administraciones que un quince con obligación de costear urbanización, pero en todos los trámites hemos sostenido y votado por el porcentaje del quince por ciento, respetando lo aprobado al respecto por el Parlamento Vasco. Hemos incluso pedido la votación separada en el Pleno de este aspecto.