1996.go
Azaroaren 11an
14. alea
SUMARIO
-
Normas forales sobre el Impuesto de Sociedades.
-
Valoración política de la visita del Presidente del Gobierno Español.
Normas forales sobre el Impuesto de
Sociedades
Auto de denegación de la medida cautelar de suspensión
solicitada por la Comunidad de la Rioja, de las Normas Forales sobre el Impuesto
de Sociedades.
El pasado 24 de octubre, la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País
Vasco, ha dictado el AUTO por el que DENIEGA la
medida cautelar de suspensión solicitada
por la Comunidad de la Rioja, de las Normas Forales de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa
sobre la Resgulación del Impuesto de Sociedades.
Las argumentaciones o principales motivos alegatorios en defensa de la
suspensión que ha presentado la parte recurrente se reducen a dos:
1.- Infracción por parte de las referidas Normas Forales
de determinados preceptos constitucionales.
Más en concreto, los relacionados con el Principio de Solidaridad
consagrado en los artículos, 2, 138 y 156 de la Constitución.
2.- Existencia de perjuicios
de imposible o dificil reparación para la Comunidad de la Rioja de seguirse la
eficacia y aplicación de las Normas Forales sobre el Impuesto de Sociedades.
Delimitados
los argumentos y estudiados los mismos, el Tribunal manifiesta:
1.- Que la invocación de la nulidad de pleno derecho como motivo merecedor
de una medida cautelar de suspensión no puede ser acogido de forma inmediata,
porque la misma no puede ser automática y debe de estar necesariamente acompañada
de un principio de alegación que indique al Tribunal que estamos ante una
nulidad patente y notoria, a lo que ha de sumarse
en todo caso la necesaria y evidente
alegación de daños y perjuicios.
En definitiva, no entiende el Tribunal que deba reputarse como notoria la
nulidad de pleno derecho alegada y por consiguiente no considera este motivo
suficiente como para habilitar una suspensión cautelar de una norma.
2.- Ciñiéndonos a continuación a la alegación de la parte recurrente que
basa la petición de suspensión en la causación de daños y perjuicios de
imposible o dificil reparación, el Tribunal concluye diciendo que los
argumentos manejados por la parte recurrente no pueden prosperar.
Añade el Auto que, la alegación
de perjuicios ha de ser una alegación de daños y perjuicios ciertos y
concretos, y además acreditados.
Esta existencia de perjuicios que debe exponerse de forma clara y
objetiva, no entiende el Tribunal que concurran en el caso enjuiciado, toda vez
que la supuesta vis atractiva que pudiera ejercer la Comunidad Vasca con su
regulación tributario, no implica necesariamente que las empresas atiendan necesaria y automáticamente a esos supuestos
reclamos fiscales, y ello porque el proceso de elección de la localización
empresarial es un fenómeno complejo en el que inciden multitud de factores además
del exclusivamente fiscal. Debemos
también -añade el Tribunal- considerar
que la fuga de empresas puede predicarse de multitud de normas administrativas,
incluso de procedencia municipal que en un supuesto dado pudieran implicar
determinadas ventajas del tipo que fueren, en sus tributos locales, apoyo
institucional, etc.
En resumidas cuentas, no existe un perjuicio objetivo, claro y preciso que
traiga causa directa e inmediata en las normas que se impugnan sin que se pueda
en consecuencia estimar como necesaria la suspensión cautelar basada en estos
argumentos.
--------------
* ----------------
Independientemente de la denegación recogida en el referido Auto, la
reciente historia de las normativas forales fiscales ha estado jalonada de
debates interesados, en absoluto fundamentados y algunos recursos de distintas
Comunidades Autónomas resueltos por los Tribunales que vienen a configurar un
marco de referencia que se resumiría del siguiente modo:
Con fecha de 15 de julio de 1994, la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco dictó un auto que estimaba la
falta de legitimación del Gobierno de la Comunidad Autónoma de La Rioja para
impugnar las normas referidas, declarando la inadmisibilidad del recurso.
Sabido es que en el orden contencioso-administrativo no existe la acción
pública y que para que un particular pueda llevar un acto o disposición
administrativa ante los tribunales es requisito que quien recurre tenga una
cierta vinculación con lo que impugna: hace falta tener un interés legítimo.
Lo mismo que cualquier ciudadano no puede acudir a los tribunales en
defensa de la legalidad, si la ilegalidad que alega no afecta a su círculo
particular de intereses, tratándose de comunidades autónomas, según la Ley
34/1981, se necesita que lo impugnado -acto o disposición- afecte a su ámbito
de autonomía. La eventual
vulneración que se alegue deberá efectuar a su ámbito de autonomía.
La eventual vulneración que se alegue deberá afectar a su propio
patrimonio jurídico-específico.
El ejercicio de esa facultad
impugnatoria no asiste a las comunidades autónomas, según
el tribunal, sino que está reservado al
Estado -Administración central-, precisamente para evitar una guerra de todos contra todos por la forma
en que cada comunidad ejercita sus respectivas competencias.
Valoración
política de la visita del Presidente del Gobierno Español
El pacto de investidura Aznar-PNV ha tenido dos tiempos: el
texto básico acordado antes de la propia investidura, y su desarrollo en forma
de borrador de la futura Ley de Reforma del Concierto que ha de aprobarse junto
al nuevo cupo en el primer trimestre de 1997.
Esta segunda fase, ligada a la aprobación del presupuesto ha sido
aprovechada por el PSOE y alguna prensa para azuzar los resentimientos de
Catalunya y otras autonomías en contra de Aznar y de su Gobierno.
Aznar ha aprovechado el impacto favorable en Euzkadi para organizar una
visita rápida en busca de una rentabilidad de imagen personal.
En la visita, los medios, incluidos los públicos, han resaltado el abrazo
del Lehendakari en Sondika, la recepción en el Ayuntamiento de Bilbao, la cena
con el Presidente del EBB y la visita a Gernika, rodeado de las autoridades
nacionalistas (Presidente JJ.GG., Diputado General de Bizkaia, Alcalde de
Gernika), así como la visita al Guggenheim.
Su encuentro con las FF. de SS. del Estado y con las gentes del PP han
quedado evidentemente en un segundo plano.
Aznar ha hecho realidad lo que ha venido repitiendo en privado desde hace
tiempo: “quiero tener una relación cualitativamente especial con el
PNV". ¿Por qué?. Las
respuestas son, aún, pura conjetura.
Aznar se marchó encantado de la visita.
Algunas críticas desde nuestro ámbito se refieren a una excesiva
cordialidad por nuestra parte y, además, y a una rentabilidad para Aznar de la
visita.
Entendemos que, dada la envergadura del acuerdo cerrado por interés
personal de Aznar y el ataque masivo por él recibido por los contenidos del
mismo, hace que nuestro comportamiento hacia él no podía ser exclusivamente
formal y menos aún, frío. Hubiera
sido una torpeza política.
Por
otra parte, de toda esta operación, si Aznar ha conseguido un alza de imagen,
quien de verdad ha cobrado protagonismo e imagen, dentro y fuera de Euzkadi, es
el PNV. El índice más elocuente
de ello es el comportamiento del Sr. Pujol.
Notemos
que el acuerdo en cuestión ha de ser formalizado, como hemos dicho, en una ley
posterior del Parlamento de Madrid, juntamente con la nueva Ley de Cupo.
Tal vez sea exagerado, pero existe el temor de que bien los diputados de
CiU o del propio PP pudieran con su ausencia o su abstención anular dicho
acuerdo. No es probable que eso
suceda, aunque tampoco cabe excluir su posibilidad, dada la demagogia
desarrollada en tomo a este tema.
La
visita de Aznar ha tenido también como fruto el deseo expresado reiteradamente,
tanto al Lehendakari del Gobierno como al del EBB de celebrar encuentros
personales para tratar a fondo temas de mutuo interés, incluidos los
especialmente sensibles en torno a la violencia, su solución dialogada o el
acercamiento de los presos.
