Portavoz del Grupo de EAJ-PNV en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
La profecía que se autocumple es un concepto sociológico que define el proceso por el cual expectativas falsas inician procesos colectivos que las convierten en verdaderas. En otras palabras, consiste en reproducir una y otra vez falsedades que al final, de tanto repetir, acaban convirtiéndose en realidad. En la facultad nos ponían un sencillo ejemplo para entender dicho concepto: se trata, por ejemplo, de difundir la falsa advertencia de sacar los ahorros de un banco porque no tiene liquidez hasta que, de tanto repetirla, una amplia mayoría de su clientela cierra sus cuentas y genera al banco unos problemas de liquidez que inicialmente no tenía.
Este mismo experimento social lo está realizando el gobierno del sr. Maroto a cuenta del fraude en las ayudas sociales. Quiero subrayar que en EAJ-PNV creemos que el fraude, en cualquiera de sus manifestaciones, es una lacra social que hay que combatir y que atenta contra el modelo de sociedad que defendemos para Vitoria-Gasteiz: el de una verdadera ciudad sostenible. Siempre he creído que una sociedad del bienestar moderna, solidaria y sostenible debe disponer necesariamente de un fuerte sistema de protección social que garantice la calidad de vida de todas las personas, si bien también es preciso que esas ayudas lleguen únicamente a las que realmente las necesitan. Por eso es necesario que las y los administradores públicos dispongamos de los instrumentos necesarios para combatir todo tipo de actuación fraudulenta. En este sentido, conviene recordar que nuestro ayuntamiento dispone desde 2005 de un protocolo municipal de lucha contra el fraude que continuamente está siendo aplicado, evaluado, revisado y mejorado. Hasta ahí nada que reprochar al gobierno municipal. Reitero nuestra colaboración absoluta en esta empresa.
El problema surge cuando en nombre de un noble objetivo como es el de la lucha contra el fraude se diseñan estrategias políticas engañosas con la pretensión de transformar la realidad, deformarla hasta un punto en que la propia sociedad no solo justifique, sino que también reclame medidas que pongan fin a tal desmán. En nuestro caso, que ponga fin por un lado, al abuso y mal uso de las ayudas sociales por parte de un colectivo determinado -el extranjero-; y por otro, al despilfarro en el gasto social. Y para ello el Gabinete Maroto no ha reparado en gastos.
Inició su estrategia política con su particular cruzada contra las mezquitas en plena campaña electoral, alimentando conductas con tintes xenófobos y racistas en una descarada e irresponsable búsqueda de votos. Continuó informando públicamente del expediente sancionador iniciado contra una asociación musulmana por sobrepasar ampliamente el aforo de un local municipal, donde, sacando pecho, advirtió de que “las normas son para todos”. Que quede claro que lo criticable de esta acción no es la tramitación de ese expediente sancionador -totalmente correcta-, sino su empeño por hacerlo público y su interés por señalar expresamente al colectivo transgresor y calificarlo de colectivo que incumple las normas.
Después ha relacionado maquiavélicamente los 6.530 expedientes de baja del padrón pendientes de tramitar con el fraude en las ayudas sociales, resaltando la necesidad de poner en marcha la policía de padrón, destinada básicamente al control de aquellas personas que se empadronan indebidamente para acumular el tiempo de residencia suficiente para acceder a las ayudas, poniendo el foco de las sospechas en el colectivo inmigrante, amén de difundir la imagen de una administración caótica y descontrolada. El Gobierno del PP obvia intencionadamente la existencia de un protocolo para controlar los empadronamientos indebidos dentro del Plan municipal de lucha contra el fraude. Como también omite que no se tramitan ayudas sociales a personas afectadas por un expediente de baja de oficio -iniciado o no-.
Pero la lucha contra el fraude da para más. Sirve también para legitimar el recorte en políticas sociales, el recorte de políticas que garantizan nuestro bienestar y nuestra convivencia y coexistencia pacífica. PSE y PP han apoyado el endurecimiento de las condiciones de acceso a las prestaciones sociales. Han aumentado el tiempo necesario de empadronamiento a tres años (antes era uno). Nos dicen que lo hacen para evitar el fraude, como si la variable “tiempo de empadronamiento” fuera la determinante para conocer si una familia está percibiendo de forma justa o injusta las ayudas. Como si fuera el tiempo de residencia la clave para detectar si una familia realiza fraude. Argumentan además que incluirán la suspensión de las ayudas en caso de rechazar un puesto de trabajo. Como si no se hiciera ya. En 2010 se suspendieron en Vitoria-Gasteiz 137 prestaciones por este o similar motivo. Esperpéntico. Es incomprensible que alguien reniegue de algo positivo si no es para difundir la falsa idea que alimente la profecía de que el control de las ayudas es un desmadre que requiere el endurecimiento de la normativa.
El Gabinete Maroto y el PSE añaden en su argumentario que así se elimina el “efecto llamada”. Pues que alguien me explique por qué La Rioja y Burgos, provincias limítrofes sin apenas cobertura social, tienen una presión migratoria mayor que la de Araba; o por qué Bizkaia con la misma cobertura tiene una presión significativamente menor (datos INE base 2010).
Un análisis objetivo de la realidad determinaría que lo único que logra esta modificación es dificultar el acceso de un colectivo determinado -el inmigrante- a las ayudas y reducir el gasto social recortando las prestaciones que garantizan nuestra calidad de vida. Ese análisis se complementaría indicando que este discurso político puede generar comportamientos y situaciones sociales muy peligrosas para la convivencia armónica y la coexistencia pacífica; y que para reducir el fraude se deberían implementar otras medidas más eficientes y justas, como el control de la económica sumergida o el control de la búsqueda activa de empleo. Pero no. Nada de esto. La profecía se ha autocumplido porque en Vitoria-Gasteiz casi nadie duda de la existencia de un tremendo fraude en las ayudas sociales que hace tambalear las arcas municipales ni de la imperiosa necesidad de poner en marcha todas las medidas, por contraproducentes que sean, para acabar con él.
