Las recientes declaraciones de Felipe González sobre los GAL han vuelto a poner de manifiesto parte de la falacia constitucionalista que vienen protagonizando habitualmente los dos grandes partidos del Estado, en este caso de la mano del más rancio y chusco PSOE que se recuerde. Si hasta hace poco el partido en el gobierno ha pretendido esconder dicha falacia bajo el velo de su nuevo talante con Zapatero, las palabras del ex presidente demuestran bien claramente un uso partidista y claramente arbitrario del sistema jurídico en su conjunto, por parte de quien parece sentirse ajeno a cualquier control o sometimiento a las leyes. Algo bien parecido, por cierto, a lo que algunos tribunales y la propia Ley de Partidos consideran una auténtica apología del terror con todas sus consecuencias.
De hecho, subsisten algunas mitificaciones conceptuales que no parecen casar del todo con la realidad de los hechos. Entre ellas, destaca la pretensión de algunos de equiparar sistemáticamente a PSOE y PP con el término "constitucionalistas", cuando la esencia y las garantías de una Constitución no parecen formar parte fundamental de sus agendas. Para muestra, el caso de la excarcelación de Rodríguez Galindo en su día, las declaraciones de la directora de instituciones penitenciarias del Gobierno central, avalando, con sus palabras, la ya vieja teoría de permitir salvedades en el ordenamiento jurídico en aras de un determinado fin político o el último exabrupto de Felipe González que poco o nulo rubor ha despertado entre las filas socialistas. Es obvio que las palabras de González o la excarcelación de Galindo y el diferente trato que reciben el resto de presos, demuestran el sentido y el talante que lidera este concepto nominativo de hacer política a la carta. ¿No será que en algunos temas se hace una aplicación excepcional del Derecho, cosa que la Constitución no permite? ¿No será que las "gestiones" de quienes fueran ex presidente del Gobierno y ex-general de la Guardia Civil, reciben habitualmente un tratamiento inasequible para cualquier otro ciudadano ajeno al poder político gobernante?
Claro que de las palabras del Sr. González puede pasarse de un salto a la no condena de la violencia en el Sahara por Rubalcaba o la Ministra Jiménez. En tales casos, no condenar la violencia y muerte de personas es una situación que no tiene trascendencia política o jurídica de ninguna clase. Al contrario, no es necesario ni preceptivo realizar condena alguna ante el Reino de Marruecos. De repente, ¿condenar la violencia ya no es importante? ¿Ni siquiera como herramienta puramente diplomática? ¿Tampoco para deslegitimar una determinada actuación de Marruecos? ¿O es que el discurso derivado de la Ley de Partidos sólo es eficaz y vigente para determinadas personas y lugares, pero no para el PSOE ni para Marruecos?
Desgraciadamente, se observan aquí algunas manifestaciones distorsionadas del manido "buen talante" del PSOE, superado ahora con creces por la fuerza de los hechos, en una política interna e internacional plena de arbitrariedades y sujeta, como vemos, al calor o a los vaivenes del poder político de turno incluso en cuestiones que afectan a los derechos fundamentales de las personas.
Por contra, el reclamo del cumplimiento estricto de las leyes y la condena abierta de la violencia según la Ley de Partidos, es ahora objeto de excepción singular en la persona del conocido ex-presidente o de la negativa del Gobierno de España a condenar la violencia de Marruecos. La situación enfrenta dos concepciones radicalmente opuestas del Derecho: una en virtud de la cual la Administración también debe someterse a las leyes de las que se ha dotado, y otra, que prefiere decidir sobre el cumplimiento o no de las normas en función de los objetivos políticos que persiga cada gobierno de guardia. Esta última práctica no es nueva en los gobiernos del PSOE, aunque es particularmente grave en estos casos, llegándose a patrimonializar incluso la aplicación estricta o flexible de la legislación en función de los objetivos que se buscan, de quien recuerda los asesinatos de los GAL como una minucia del pasado o de quien no rechaza la muerte violenta de ciudadanos indefensos en el Sahara. Cuando un gobierno no siente todo esto como un problema propio, sino como el yugo que acarrea una rama lejana de nuestra sociedad o la situación singular de un individuo que ha prestado determinados "servicios" al Estado, el resultado no puede ser más desalentador que el actual.
El presunto talante del socialismo progresista necesita algo más que sonrisas y palabras huecas. Y en esta materia parece que los hechos se distancian del talante mucho más de lo que permiten las leyes y el Derecho. Ahora bien, cuando se trata de la práctica abierta de la violencia al servicio de un Estado, quizás el problema vaya mucho más allá del talante... Parece que en este aspecto, el Gobierno del PSOE de González y el Reino de Marruecos tienen un aciago punto en común.
