Sr. Presidente,
Sras. Diputadas, Sres. Diputados,
Sra. Vicepresidenta y Ministra de Economía y Hacienda,
Sr. Presidente del Gobierno.
Hoy, Señor Presidente, nos encontramos con una economía maltrecha, gravemente herida, y con un Presidente cuyo liderazgo está seriamente en entredicho.
Y ambas cuestiones nos preocupan enormemente porque, amén de aspectos personales a los que no soy insensible, lo peor para una economía débil y con graves problemas como la española es un presidente sin rumbo y credibilidad, que ha tenido que retractarse de toda su política, de la política social desplegada a lo largo de los últimos años.
La crisis desatada hace dos años y medio, inicialmente financiera y localizada en Estados Unidos, se propagó por el mundo desarrollado a una velocidad desconocida hasta el momento, generando la mayor crisis económica desde la Gran Depresión.
Se pensaba que no iba a afectar a la economía española, porque, se decía, el Gobierno decía, que el sistema financiero español era sólido y a prueba de crisis.
Lo que no se quería ver era que, más allá de lo estrictamente financiero, la economía española había creado una enorme burbuja inmobiliaria, que las empresas y familias estaban excesivamente endeudadas, y que los fundamentos económicos de fondo, productividad y competitividad, de la economía eran realmente endebles y vulnerables.
Así, se ha llegado a una situación económica insostenible, cuyos indicadores más significativos son que el pasado año la economía haya disminuido casi un 4%, que las cuentas públicas hayan pasado en dos años de un superávit a un déficit del 11,2% y, sobre todo, lo que es el reflejo más cruel de la situación, que la tasa de paro haya superado el 20%, afectando especialmente a los más jóvenes, al futuro del mercado de trabajo.
A lo largo de estos años, la política económica del Gobierno del Sr. Rodríguez Zapatero ha sido errática, confusa y, en muchas ocasiones, equivocada.
A las lógicas, aunque discutibles, apuestas por la reactivación económica (léase fondo de reactivación local), y a los inevitables gastos obligados por la crisis y que operan a través de los estabilizadores automáticos (como las prestaciones por desempleo), se han sumado unas políticas caprichosas, ineficaces y excesivamente costosas como la de los famosos 400€ y el cheque bebé, una, afortunadamente ya suprimida y la otra en camino.
Estos tres elementos, política anticíclica, más estabilizadores automáticos, más caprichos poco explicables desde el punto de vista económico, no desde el electoral, han llevado, junto a la brusca caída de los ingresos tributarios derivados del desmantelamiento de la base productiva por motivo de la profunda crisis, a la situación descrita de las cuentas públicas.
Además, la falta de decisión, de consenso político, y de liderazgo para abordar y enfrentarse a las ineludibles reformas estructurales, nos ha conducido a que no se hayan sentado mínimamente las bases de la recuperación para ganar en productividad y poder generar crecimiento y empleo.
Incomprensiblemente, la reforma laboral está aún pendiente, la reforma del sistema financiero va dando bandazos y evoluciona my lentamente.
La reforma energética, educativa, I+D+i parece no preocupar en exceso, y la política de gasto público y de racionalización del sector público no se atisba por ninguna parte más allá de los recortes indiscriminados que recoge el Real Decreto-Ley que nos trae el Gobierno para su convalidación y a los que me referiré más adelante.
En este contexto de crisis y debilidad institucional y política, los mercados han visto que la economía española corría el riesgo de ser insolvente y le han puesto en un gran aprieto.
La bolsa cae, día sí y día también, generando enormes pérdidas. Las emisiones de bonos tienen serias dificultades para ser colocadas en los mercados, a pesar de que el spread con el bono alemán se sitúe prácticamente en los 200 puntos básicos, con el enorme encarecimiento de la carga financiera que de ello se deriva. Y el Euro, está también siendo cuestionado y devaluado día a día.
Así, hace menos de tres semanas, el Banco Central Europeo, los Presidentes de la Unión Europea, especialmente la Canciller Merkel, y el Ecofin, tras haber dado una solución, digamos a la europea, a la crisis griega y tras crear un gran fondo de 750.000 millones de euros para frenar los ataques especulativos a los mercados y al euro, le han dicho a España que ya está bien.
Que no van a consentir que la economía y la política españolas pongan en peligro al Euro y que el gobierno español debe acometer sin demora una drástica reducción del déficit público, cuantificado en 15.000 millones de euros, entre este y el próximo año para conseguir efectivamente, que el déficit se sitúe en el 3% el año 2013.
Con esta orden europea, el Presidente Rodríguez Zapatero compareció en esta Cámara el pasado día 12 para proponer unas medidas de recorte de gasto público centradas básicamente en medidas de recortes sociales y paralizaciones de obras públicas.
Dichas medidas fueron aprobadas el día 20 de mayo por el Consejo de Ministros mediante un Real Decreto-Ley que hoy debatimos en esta Cámara.
¿Y qué nos propone el Gobierno?
El Gobierno quiere que le apoyemos la congelación de las pensiones.
El Gobierno quiere que le apoyemos las reducciones salariales de los maestros, médicos, policías, trabajadores sociales, de la justicia, de los funcionarios de los ministerios, de los gobiernos autonómicos, de los ayuntamientos, etc.
El Gobierno quiere que le apoyemos los recortes de inversión pública, que van a generar contracción económica y más desempleo.
El Gobierno quiere que le apoyemos la reducción de los gastos vinculados a la dependencia.
También quiere que le apoyemos, entre otras cosas, a reducir el cheque bebé, la factura farmacéutica, el gasto de cooperación al desarrollo, y a que las Comunidades Autónomas reduzcan también sus gastos públicos.
Desde el Grupo Vasco, desde el Partido Nacionalista Vasco, después de una profunda, serena, y nada fácil reflexión, le tengo que decir a este Gobierno que no le podemos apoyar, que no le vamos a apoyar.
No estamos dispuestos a que los más débiles y los que no han tenido nada que ver con esta crisis, sean los primeros y únicos que paguen la factura.
Ni los pensionistas, ni los empleados públicos, ni los dependientes, los más necesitados de ayudas, han sido los responsables de la situación, y si no lo son, no pueden ser los únicos paganos.
Las operaciones financieras especulativas y los despilfarros electoralistas del Gobierno están en el núcleo de la crisis y del déficit público. Y no hemos oído al Gobierno plantear medida alguna para atajar las operaciones financieras especulativas, para gravar a los bancos que, amén de congelar el crédito a empresas y familias, dificultando así la salida de la crisis, exhiben beneficios escandalosos.
Poco se ha dicho sobre las medidas para luchar contra el fraude fiscal que ha aumentado de forma considerable a lo largo de la crisis.
Tampoco le hemos oído, más allá de la promesa, aún inconcreta, de crear un nuevo impuesto para los más ricos, propuesta alguna de reducción de ministerios, de supresión de gastos superfluos duplicados e ineficientes, ni de revisión del sistema tributario para que la crisis la paguemos entre todos, empezando por los que tienen más responsabilidad y los que tienen más recursos.
No nos engañemos, no seamos ingenuos, el ajuste viene obligado por Europa, y como tal, es ineludible. Para pertenecer al club de la Unión Europea hemos de respetar sus reglas, nos gusten o no.
No podemos jugar con la economía, ni el Euro ni la Unión Económica y la Unión política europeas. Nos ha costado mucho la Unión Europea como para ponerla en riesgo.
Los ajustes hay que hacerlos. Hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, pensando que éramos más ricos de lo que realmente éramos, y ahora nos toca volver a la cruda realidad, a apretarnos el cinturón.
Tampoco debemos pensar que nosotros no tenemos que hacer ningún esfuerzo, que el esfuerzo lo tienen que hacer los demás. Eso no es realista, lo tenemos que pagar entre todos.
Los 4,6 millones de parados lo están haciendo ya de manera, en muchos casos, dramática.
Hay que hacer un ajuste y pagar la factura entre todos, pero en ningún caso podemos empezar por los pensionistas, por los empleados públicos y por las personas en situación de dependencia. Los débiles no pueden ser los primeros.
Por todo ello, Sr. Presidente, Sra. Vicepresidenta, señoras Diputadas y señores Diputados, nuestro Grupo Parlamentario va a votar que no a la Convalidación del Real Decreto Ley 8/2010 de 20 de mayo por el que se adoptan las medidas extraordinarias para la reducción del déficit público.
Eskerrik asko.
