Las administraciones públicas necesitan de la sostenibilidad real para garantizar su futuro en cualquiera de los tres pilares básicos del desarrollo sostenible: económico, social y ambiental. Más si cabe en un contexto de crisis global como el que estamos viviendo. A tal fin, subsisten en nuestro contexto, como en tantos otros lugares, una serie de retos abiertos y pendientes del todo irrenunciables. Es por ello especialmente importante el esfuerzo de todas las administraciones para dedicar reflexiones y políticas reales a este gran reto civilizatorio que tenemos pendiente.
Y también las ciudades, en este contexto, necesitan enfrentarse a cambios constantes para adaptarse, a marchas forzadas, al devenir del tiempo, a las demandas sociales y al complicado objetivo político que supone avanzar hacia la sostenibilidad. Pero, de hecho, para ir caminando hacia el desarrollo sostenible la problemática que viven nuestras sociedades resulta especialmente compleja, tanto por el carácter técnico de las cuestiones abordadas, como por el gran número de sujetos individuales y colectivos cuyas vidas se ven directamente afectadas.
Para el Profesor Martín Mateo (uno de los ambientalistas pioneros en el mundo), "los investigadores de las Ciencias de la Naturaleza han constatado que efectivamente la tierra es un cuerpo astral con positivas características para la aparición de la vida, y su posterior evolución. Lo que se debe en primer lugar a la favorable posición de nuestro planeta, en relación con el Sol, su nutricia fuente de energía, lo suficientemente próximo y lejano a su envoltura gaseosa, lo que ha determinado la biosfera, que evidentemente es única, interrelacionada y olímpicamente ajena a jurisdicciones nacionales y celosas soberanías" (La revolución ambiental pendiente", Universidad de Alicante, 1999).
Este tipo de consideraciones son las que deben determinar una aproximación singular a la sostenibilidad de las ciudades y de cualquier comunidad política. La pretensión que aquí tan sólo se apunta es la de afrontar un reto de análisis sobre el cambio advertido en las necesidades sociales, locales y globales, en el ámbito concreto de la sostenibilidad. Ello guarda directa relación con algunos de los conflictos y sus implicaciones sobre la sostenibilidad local y global de cada una de nuestras decisiones públicas. También con nuestra propia cultura y nuestros modelos de consumo, muchas veces insostenibles. En este sentido, el tiempo viene demostrando, y así lo recogen las nuevas leyes en la materia, un cambio sustancial en la percepción de los problemas apuntados y su hipotética resolución, de modo que cuando el conflicto ambiental, social y/o económico afecta a un número considerable de sujetos con tipologías y circunstancias heterogéneas, la resolución del mismo demanda la necesidad de trascender, en ocasiones, incluso más allá de los límites y fronteras artificiales que nuestra historia y nuestros sistemas jurídicos han trazado.
La propia necesidad y la experiencia nos enseñan que la búsqueda de la sostenibilidad precisa de sacrificios, de acuerdos, de negociaciones, incluso de transacciones entre los sectores público y privado. Ello no es posible sin apostar por la sostenibilidad real en el seno de cada una de las decisiones y departamentos en el contexto local, nacional o global. De hecho, el logro de la sostenibilidad bien puede llegar a ser la vía de consenso colectivo que tanto la sociedad como el medio y sus recursos demandan para la adecuada gestión de los intereses públicos.
Este puede ser uno de los parámetros de modernización en la resolución de los conflictos que asolan a todas y cada una de las ramas de la sostenibilidad, donde las relaciones jurídicas entre Administración y ciudadanía exigen, cada día más, un esfuerzo de adaptación a los cambios que se van sucediendo. Para ello, resulta igualmente imprescindible que la Administración, en su conjunto, asuma e interiorice dos parámetros fundamentales en su funcionamiento ordinario:
a) La integración de la sostenibilidad real en todos y cada uno de los departamentos y áreas de actuación política y administrativa.
b) La internalización económica y social de los costes ambientales reales de cada una de las decisiones públicas relacionadas con la sostenibilidad.
Las propias normas jurídicas son bien claras al respecto, sosteniendo la necesidad de que la Administración Pública proteja fielmente el medio ambiente y sus recursos. En ello se encuentra implícita la obligación de servir con objetividad los intereses generales, actuando bajo el principio de eficacia, y en cualquier caso, con pleno sometimiento a la Ley y al Derecho. Todo ello ha de presidir los distintos procedimientos administrativos y la toma de las decisiones públicas, la resolución de los conflictos y, cómo no, la satisfacción de los intereses enfrentados dentro del objetivo político que supone la búsqueda real de la sostenibilidad en todos los planos de la gestión pública.
En este ámbito de reflexión global, nuestra sociedad debería enfrentarse a dichos retos sin renunciar a su identidad política, histórica, social y cultural, pero garantizando, ante todo, el futuro sostenible de las generaciones venideras. El reto bien lo merece, tanto como aquellos que, lejos de nosotros, no han tenido siquiera la fortuna de poder pensar en lo que significa desarrollarse sin comprometer el presente y el futuro de sus congéneres.
