Este discurso, arquetípico y frecuente en los partidos que concurren a las citas electorales desde la oposición, no tendría nada de especial si no fuera porque, entre las fuerzas políticas que mayor énfasis ponen en la necesidad de impulsar la alternancia en Euskadi, figuran algunas -léase PP y PSOE- que en otros gobiernos autonómicos acaparan cargos con una intensidad notablemente superior a lo que el PNV haya podido hacerlo en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Veamos las cifras.
Contra lo que en un principio pueda parecer, de los 71 consejeros que han ocupado cargo en el Gobierno vasco desde su formal constitución, en 1980, sólo 48 han correspondido al PNV; una cifra que, además, acusa una cierta inflación porque incluye casos como el de José Manuel Martiarena o Belén Greaves que sólo desempeñaron el cargo durante breves periodos de transición. Junto a ellos, 14 accedieron al cargo a propuesta del PSOE, 6 de EA, 2 de Euskadiko Ezkerra y 1 de Ezker Batua. Hago abstracción ahora del hecho de que, pese a computar como consejeros del PNV, algunos militen hoy en EA o pidan el voto para el PSOE.
Para hacerse una idea más exacta de lo que ha sido la composición del Consejo gubernamental durante este periodo, conviene reseñar además que, el PNV sólo gozó de un gobierno monocolor durante el cuatrienio 1980-1984 y el breve lapso temporal que duró el pacto de legislatura suscrito con el PSOE en los albores de 1985. Desde entonces, todos los gobiernos vascos han sido de coalición. Todos. Y el partido político que durante más tiempo ha permanecido en el Gobierno vasco coaligado con el PNV es, sin duda, el PSOE que durante los 12 largos años en los que gozó de presencia gubernamental, designó, nada menos, que al 20% de los consejeros que han pasado por el ejecutivo a lo largo del último cuarto de siglo. ¿Dónde queda el monopolio del PNV?
Estos datos contrastan notablemente con los de otras comunidades autónomas en las que el acaparamiento de cargos por parte de un solo partido adquiere dimensiones claramente superiores. En Extremadura, por ejemplo, el PSOE ha copado, desde el momento mismo de la constitución de la comunidad autónoma, todos los cargos del ejecutivo. No es de extrañar, por ello, que la identificación del régimen autonómico extremeño con la persona de su presidente regional, el socialista Rodríguez Ibarra, sea la que es. Recientemente, Ibarra se permitía pronunciar una frase que refleja con claridad hasta qué punto patrimonializa la región que preside: «En Extremadura -ha dicho- no hubo reconversión industrial. Así que la reconversión industrial soy yo». Una sentencia semejante en boca del lehendakari hubiese provocado toda una catarata de denuestos descalificadores. Pero a Ibarra nada se le objeta.
Otro tanto ocurre en Castilla-La Mancha. También en el Gobierno de esta Comunidad Autónoma, el monopolio de los socialistas ha sido y es total. Tras pasar a dirigir el Ministerio de defensa, Bono ha sido sustituido por Barrero en la presidencia de la comunidad, pero los socialistas continúan acaparando la institución gubernamental hasta sus últimos recovecos. En esta Comunidad Autónoma, al igual que en Extremadura, el 100% de los cargos gubernamentales han sido ocupados, desde el momento de su creación, por gentes propuestas por el PSOE.
Aunque algo más matizado, el caso de Andalucía es muy semejante. Excepción hecha de la puntual y casi simbólica presencia de la que el Partido Andalucista ha gozado en la Junta merced a los gobiernos de coalición que ha compartido con el PSOE, la hegemonía de éste partido en el Gobierno autonómico ha sido y sigue siendo absoluta. Hoy, como en la mayoría de los últimos 25 años, sus militantes ocupan la totalidad de los puestos del ejecutivo autonómico.
En Andalucía, además, la oposición política viene denunciando desde hace años la existencia de un férreo entramado caciquil, una red clientelar, creada desde los gobiernos socialistas para perpetuarse en el poder desde el fomento de una cultura del subsidio que anula a la sociedad civil. En una reciente entrevista, el presidente del PP andaluz acusaba al PSOE de haberse prevalido del absoluto control que ejerce sobre el gobierno autonómico para consolidar «la sustitución de una sociedad civil por la tela de araña del poder socialista. Demostraremos -añadía- cómo el PSOE, en muchos casos, utilizando fondos públicos, llega capilarmente a todos los rincones de Andalucía. Y eso va a tener mucho que ver con las Cajas de Ahorros, con Canal Sur TV o con los medios de comunicación. A ello hay que unir empresas que se han creado para colocar a ex altos cargos, asociaciones de vecinos, de consumidores, de padres de alumnos, entidades culturales y deportivas... No estamos hablando de miles de personas si no de decenas de miles de personas». Los populares andaluces lamentan la existencia en la región de «un régimen enfermo que debe dar paso a una democracia plena con la alternancia».
Con semejante ejecutoria a sus espaldas, no se acaba de entender que el PSOE pueda acusar a nadie en Euskadi de monopolizar el poder. En el País Vasco, como hemos visto, ha participado en las instituciones autonómicas como ningún otro partido -al margen del PNV- lo ha podido hacer. Y en otras comunidades autónomas, como hemos visto también, ha ejercido y ejerce sobre los resortes institucionales y de gobierno un dominio muy superior al que ninguna formación política haya podido soñar en Euskadi.
Si los partidarios del cambio/aldaketa tienen, de verdad, algún interés en preservar la salud de la democracia favoreciendo la alternancia, deberían empezar por pedir al PSOE -con el que tan buenas relaciones tienen- que renuncie a gobernar en Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía y ceda graciosamente el gobierno a la oposición. Sólo entonces creeremos en la sinceridad de su planteamiento. Y después, hablaremos si quieren, del cambio/alternancia en una Euskadi que todavía no se encuentra políticamente normalizada y en la que, precisamente por ello, la disyuntiva derecha-izquierda se ve, con frecuencia, solapada por el eje nacionalista vasco-nacionalista español. El cambio/alternancia que ellos pretenden, sólo sería posible cuando todos los vascos participásemos de una misma comunidad nacional.
