En nuestros tiempos de escuela el término “bullying” era absolutamente desconocido. Desde luego que había matones en el colegio y el instituto. El acoso escolar no era algo desconocido pero sí mayoritariamente ignorado. Todos, profesores y muchos padres incluidos, creían que era un asunto que tenía que resolver uno mismo. Algo así como la escuela de la vida. Enfréntate a él y demuestra que eres más fuerte y si no es así aprende cómo evitarlo.
Hoy en día, en el ámbito escolar se va tomando conciencia del grave problema de convivencia y de derechos humanos que supone el “bullying” y se pone cada vez más el acento en evitar que suceda. Y para conseguirlo la fórmula es clara: respeto a los derechos humanos, a la libertad de los otros; en definitiva, a los valores de la democracia.
Sin embargo, la atención sobre esta mala práctica del abuso del más fuerte no se refleja en otros planos de la vida. Menos aún en el ámbito institucional internacional.
Hace ya unos cuantos años se registró en la Audiencia Nacional una querella por el genocidio tibetano. Fue presentada por la acción popular (ejercida por dos fundaciones de solidaridad con el Tíbet) y la acusación particular (el tibetano nacionalizado español Thubten Wangchen). Entre otros testigos acudió el anciano lama Palden Gyatso, quien pasó 33 años en prisión y cuya historia recogida en el libro “Fuego bajo la nieve” recomiendo leer. Nadie daba un “duro” porque la AN aceptara a trámite la querella en la que se acusaba a varios altos dirigentes comunistas incluidos el expresidente Jiang Zemin y el exprimer ministro Li Peng. Sin embargo, la Audiencia lo hizo y a principios de octubre último incluso la amplió contra el anterior presidente chino, Hu Jintao, quien anteriormente había sido secretario del partido comunista en el Tibet.
La AN había podido admitir la causa en base al principio de jurisdicción internacional. El mismo que había facilitado abrir el camino en tal sentido al juez Garzón para encausar a Pinochet aunque los hechos hubieran sucedido en el extranjero y las víctimas no fueran ciudadanos con pasaporte español. A raíz de la apertura de aquella espita que permitió iniciar una serie de procesos (genocidio Maya, dictadura argentina, Ruanda, Falun Gong etc), el PSOE junto con el PP, en tiempos del gobierno de Rodríguez Zapatero, impulsó una reforma puntual de la Ley Orgánica del Poder Judicial ya en 2009. Y lo hicieron por la puerta de atrás, presentando una enmienda a una ley que no tenía nada que ver con ese objeto, la de creación de la Oficina Judicial. A pesar de que en cuanto a esa ley se pudiera estar de acuerdo, muchos grupos manifestamos nuestro voto contrario a la restricción de la jurisdicción universal, que se había consumado sin la suficiente deliberación ni reflexión. Las presiones internacionales habían vencido. Pero no del todo, todavía se permitía a la Audiencia Nacional investigar crímenes en el extranjero cuando sus presuntos responsables estuviesen en España, hubiera víctimas españolas o existiese “algún vínculo de conexión relevante con España”. Es esa puerta la que se quiere cerrar ahora. Porque las presiones chinas a nadie se le escapan. Si el país cuyos dirigentes eran juzgados hubieran sido las Islas Cook o Zambia, por poner un ejemplo, a nadie le hubiera preocupado ni se sentiría urgido a presentar una modificación legislativa. Pero China es otra dimensión. Y ya se sabe que si no puedes enfrentarte lo mejor es evitar el enfrentamiento. ¿Y qué pasa con los tibetanos? Como en la antigua escuela: ignoradles, nada de ayudar al débil, no sea que el fuerte se vuelva contra mí. Y así, una vez más, los derechos humanos, las libertades, los valores democráticos en suma, se vuelven humo en algunas circunstancias internacionales.
El principio de jurisdicción universal es una herramienta fundamental para todas las víctimas que tienen el legítimo derecho de buscar la justicia en otros países cuando no la encuentran en los suyos. ¿Cuántas veces los vascos nos sentimos abandonados, solos, en el exilio y bajo la bota de la dictadura franquista? ¡Cómo agradecíamos aquellas pocas voces que nos alentaban! ¡Cómo nos hubiera gustado acudir a unos tribunales que admitieran la jurisdicción universal!
No es posible argumentar, como hace el PP, que la existencia de la Corte Penal Internacional (CPI) excluye el ejercicio de la jurisdicción universal por parte de tribunales internos de un país. Y ello porque algunos países como China, Estados Unidos o Rusia, entre otros, no se han sometido a la jurisdicción de la CPI. Pero además porque la competencia de esa Corte está limitada a aquellos crímenes tipificados en el Estatuto de Roma cometidos después del 1 de julio de 2002, fecha de su entrada en vigor. Y, por último, porque el sistema de la CPI se basa en la complementariedad respecto de las jurisdicciones nacionales de los Estados Partes.
Es vergonzoso que además se quiera cerrar el portillo con auténtica nocturnidad, pues no de otro modo se puede entender que se haga a través de una Proposición de Ley del PP, lo cual permite evitarse, a diferencia de lo que pasaría si la iniciativa hubiera sido del gobierno, los dictámenes de diversos órganos consultivos que tendrían la oportunidad de sonrojar a los autores en sus informes además de dilatar su tramitación en el tiempo.
El PP pretende reducir la jurisdicción a aquellos casos en que "el procedimiento se dirija contra un español o un ciudadano extranjero que resida habitualmente en España o se encontrara en España y cuya extradición hubiera sido denegada por las autoridades españolas”. Además, la reforma deja claro que los delitos de la llamada jurisdicción universal solo serán “perseguibles en España previa interposición de querella por el agraviado o por el fiscal”.
Pero, además, la reforma creará dudas en cuanto a si se cumple el derecho a la tutela judicial efectiva por el tratamiento desigual que se da a los diferentes delitos. Por ejemplo, mientras que cualquier ciudadano de nacionalidad española que sufra un atentado terrorista en el extranjero tiene garantizada la tutela de los tribunales españoles si no la obtiene de los tribunales del país donde se cometió el delito, las víctimas de tortura deberán acreditar fehacientemente que tenían nacionalidad española cuando se cometieron los hechos y además que su torturador se encuentra en el estado español.
En consecuencia, no sólo es el caso del genocidio tibetano el que tiene riesgo cierto de cerrarse en falso. Hay otros muchos que corren el riesgo de cerrarse también si el texto del PP se aprobara. Por ejemplo, el del cámara José Couso, o el los jesuitas asesinados en El Salvador, o el caso de los vuelos de la CIA etc.
Desgraciadamente, el bullying se seguirá dando, y no sólo en el ámbito de la jurisdicción universal. Pues no se puede calificar de otro modo a la ofensiva diplomática que el gobierno español ha lanzado a través de sus embajadas y funcionarios a fin de desacreditar la consulta que Cataluña planea hacer para decidir su futuro. En lugar de fomentar el diálogo, adecuar la legislación para hacer cómoda la presencia catalana en el Estado y llegar a acuerdos, el Estado, chico fuerte en este conflicto, advierte y avisa a los compañeros de clase de que no se le ocurra a nadie ayudar al chico que ha osado encarársele si no quieren tener consecuencias para ellos mismos. ¡Pobre democracia!
¿Y qué me dicen de la última ocurrencia del PP y PSOE de resucitar el recurso previo de inconstitucionalidad para los Estatutos de Autonomía? Si no tenían ya suficientes medios para amarrar cualquier cambio no deseado por ellos, para poner zancadillas jurídicas, presiones mediáticas y trabas políticas a los deseos de las mayorías en Cataluña y Euskadi, ahora, por si acaso, van a poder preguntar a un árbitro nombrado de parte denominado Tribunal Constitucional antes de que un hipotético acuerdo político sea llevado a referéndum. ¡Qué bien! Así podrán decir “nosotros queríamos pero el TC ha dicho que no se puede”, sin la presión de los miles de votos que hubieran ratificado el acuerdo. ¡Qué cara más dura! ¡Como si no pudiera modificarse la legislación para adaptarse a los acuerdos políticos!
Parece que cada vez más, algunos “chicos fuertes” están menos seguros de sí mismos. Porque hay cosas que hoy, aquí, ya no valen. Esto es Europa y estamos en el siglo XXI.
