Hace ya unos días escuchaba en una emisora de radio un comentario sobre el número de desahucios que se producen al día en Euskadi. Según datos del Consejo General del Poder Judicial, en los primeros nueve meses de 2011 se produjeron en Araba 360 desahucios. Es decir, cada día que pasa -sea laboral o festivo- 1,3 familias alavesas se quedan sin hogar. Solo la red familiar impide que se visualice todavía más este auténtico drama en nuestras calles.
Una de esas familias es la de Iratxe. No hace mucho que la conozco. Esta gasteiztarra, madre sola con dos hijos menores a cargo, ha perdido recientemente su vivienda. Sin trabajo y agotadas sus famélicas reservas económicas, ya no podía hacer frente a las letras del piso. El banco ya no le fiaba más y lo ha perdido todo. Todo menos la hipoteca que, aunque sensiblemente reducida, todavía le persigue. No solo eso, también le azuza un leonino impuesto municipal de plusvalía del suelo por un bien que se transmite por resolución judicial -no de forma voluntaria- y que no le ha generado ningún beneficio, sino todo lo contrario.
La vida depara estas macabras paradojas: en el caso de los desahucios, la rabia no termina con la muerte del perro. De ahí que sea importante aprobar la dación en pago para afrontar la ejecución hipotecaria. Y es que en estas circunstancias los bancos funcionan como las casas de cambio de moneda, pero elevando a la quinta potencia los diferenciales. Si compras, vale mucho más caro que si vendes. Nunca es una relación de igual a igual. El mismo billete, en función del sentido de la operación, tiene más o menos valor. Lo mismo les ocurre a nuestras viviendas.
Un desahucio implica con seguridad que una familia ha traspasado el umbral de la pobreza. Ha perdido sus medios de vida, aquellos que le permitieron comprar esa vivienda y obtener un crédito para pagarla, o avalar con la misma un préstamo que ahora se vuelve impagable. Desde el punto de vista estadístico, es un dato más de los muchos, todos negativos, que se acumulan en informes, memorandums o artículos de prensa. Desde el punto de vista de quien escribe, político en activo comprometido con otra manera de hacer política y con un ámbito de acción concreto, es una señal de alarma que pasa ya del rojo extremo en que hasta la fecha situaba mi percepción de los efectos de la crisis en las personas que compartimos proyectos de vida en Vitoria-Gasteiz. Una señal que hace revelarme ante la injusticia y me obliga a hacer una reflexión y generar lo que podríamos denominar un plan de acción municipal con el que hacer frente a esta y otras situaciones de extrema urgencia social.
En primer lugar, hay que exigir al Gobierno del Estado que decrete una moratoria hipotecaria que tenga por objetivo evitar que deban abandonar su vivienda quienes, como consecuencia de la pérdida del empleo o la caída de ingresos, no puedan hacer frente al pago del préstamo hipotecario siempre que ésta constituya su residencia habitual y sea la única de su propiedad.
En segundo lugar, considero primordial regular la dación en pago, no solo para unas pocas familias como propone ahora el PP, sino para todas, pues la pérdida de la vivienda habitual supone per se una situación de exclusión. Para ello es preciso -como defendió el grupo parlamentario de EAJ-PNV en el Congreso de lo Diputados- modificar sin demora la legislación hipotecaria y mercantil para permitir la entrega de la vivienda a cambio de la cancelación de la deuda hipotecaria.
La tercera medida, ya a nivel local, es impulsar un cambio en la norma foral y en las ordenanzas fiscales para que en los casos de transmisión de la vivienda habitual por resolución judicial (desahucio) el impuesto municipal de la plusvalía del suelo se cobre al sujeto pasivo sustituto, es decir, al que se hace con la vivienda y no a la familia desahuciada como viene siendo habitual.
La cuarta medida pasa por colaborar activamente en generar puestos de trabajo. En Vitoria-Gasteiz hay más de 18.000 personas desempleadas. El trabajo no dignifica a la persona, le permite ser una persona. Soy consciente de que un alcalde por sí solo no puede resolver el problema del paro, pero debe implicarse más de lo que lo está haciendo Javier Maroto. EAJ-PNV planteó en la campaña de las municipales una propuesta por el empleo, ADOSLAN, que se ha transformado en un programa municipal. Dado que el empleo es prioritario y a pesar de que el alcalde no ha puesto sobre la mesa el 100% de la financiación del mismo, el programa debe iniciar su andadura inmediatamente para tratar de generar nuevos puestos de trabajo. No se puede perder ni un minuto más.
El quinto punto de acción inmediato pasa por continuar trabajando por unos Presupuestos 2012 útiles para luchar contra los efectos de la crisis en nosotros mismos. No dejaré de luchar para que podamos aportar el esfuerzo solidario de Vitoria-Gasteiz con aquellos que lo necesitan, como en el caso de Iratxe y sus dos hijos.
Finalmente, desde las instituciones públicas debemos hacer hincapié en la necesidad de desarrollar un proyecto solidario entre lo publico y lo privado, que permita generar una estructura, fundación, plataforma o servicio de mediación -como proponía Juan Luis Ibarra, presidente del TSJPV- que tenga por objeto adquirir esos créditos impagados por los particulares, renegociando con sus acreedores los vencimientos e intereses, buscando fórmulas para que en el caso de que no se pueda evitar la ejecución de la hipoteca, al menos se pueda mantener el uso de la misma con políticas de alquiler; y ofreciendo apoyo jurídico y social para impedir que la inacción nos despoje de lo que tanto esfuerzo y años nos ha costado adquirir. Igualmente hay que conseguir que los tiburones del mercado que, insensibilizados y cegados por su codicia y avaricia, se aprovechan de la desgracia ajena no opten a hacerse con esas viviendas, reforzando así las posibilidades de negociación con los acreedores.
Creo sinceramente que estos son unos buenos pilares para sustentar un plan de acción contra los desahucios, un plan al servicio de una Vitoria-Gasteiz más justa y solidaria en aras a iniciar un movimiento de restauración de los valores que han permitido hacer de nuestro municipio un referente, social, económico y medioambientalmente sostenible.
