La central nuclear de Santa María de Garoña es como el Guadiana. Aparece y desaparece de la actualidad informativa, pero incluso cuando no se habla de ella, todos sabemos que está ahí. En el último episodio vivido en el Pleno del Ayuntamiento, se produjo una situación esperpéntica provocada por un inexplicable comportamiento del alcalde. Javier Maroto se empeñó en sumarse a la moción del PNV y Bildu -incluso se colocó la chapa reivindicativa contra la nuclear elaborada por este Grupo Municipal, en un intento de protagonizar la iniciativa- con la aviesa intención de desnaturalizarla convirtiéndola en más de lo mismo, es decir, abrazo colectivo de los grupos municipales unidos todos contra Garoña.
Los grupos proponentes aceptamos las aportaciones del PSE, pero nos plantamos ante el intento del alcalde de pervertir el espíritu de una moción, que pretendía implicar activamente al Ayuntamiento en contra de la ampliación de la vida útil de la central de Garoña. Fue entonces cuando el alcalde se agarró un rebote monumental, hasta el punto de arrancarse la chapa reivindicativa de la solapa y lanzarla al escaño vacío junto al portavoz nacionalista.
El siguiente episodio, ocurrido días más tarde, nos traslada a las Juntas Generales de Araba. En sendas intervenciones el diputado general, Javier De Andrés, y su compañera la diputada de Medio Ambiente y Urbanismo, Marta Ruiz Cerrillo, llegaron a la misma conclusión: que sea el Consejo de Seguridad Nuclear (C.S.N.) el que decida si Garoña está en condiciones de prorrogar su vida útil, ya que son ellos -y solo ellos- los únicos capaces de determinar ese extremo. Da gusto ver cómo defienden los intereses de Araba los diputados forales del PP. Es algo así como el negativo fotográfico o la interpretación a la inversa del “pase foral”. En vez del histórico “acatamos, pero no cumplimos”, la versión de De Andrés sería: “Donde manda Mariano, se ata la burra”.
Al hilo de esos acontecimientos, se me plantean algunas cuestiones. La primera reflexión que se me ocurre y aun a riesgo de no ser nada original, es en relación con el nombre de la central: Santa María de Garoña. Da la sensación de que su referencia mariana es una encomienda a la Virgen para que nos proteja de todo mal radiactivo. Pues bien, puestos a encomendarnos a los santos, se me ocurre que el Consejo de Seguridad Nuclear se pase a denominar C.S.N. de San Judas Tadeo o, mejor, de Santa Bárbara. Sobre todo a la vista de que su homólogo en Japón dio en su momento el ok a la seguridad de Fukushima y lo mismo ocurrió en su día en los EEUU con Harrisburg.
La segunda está relacionada con la noticia que anuncia la intención del gobierno “mariano” (en relación a Rajoy; no confundir en este caso con la Virgen) de prolongar la vida útil de la central nuclear hasta 2019. Todo ello con la excusa peregrina de que no existen riesgos y de que se trata de una energía barata. Aquí es donde se introducen dos elementos para el debate y la reflexión: la seguridad y la rentabilidad.
Abordemos la supuesta seguridad de Garoña. Recordemos que se trata de la central más antigua del Estado en funcionamiento, que por el principio de agotamiento de los materiales con el paso del tiempo aumentan exponencialmente los riesgos de avería o accidente y que la tecnología empleada ya ha protagonizado accidentes e incidentes en otros lugares del mundo en instalaciones mucho más “jóvenes” que la de Burgos. Tenemos tristes ejemplos de ello en centrales como las de Harrisburg o más recientemente Fukushima, instalaciones a priori seguras que protagonizaron graves accidentes nucleares con horribles efectos para la salud y el medio ambiente que se prolongarán durante siglos.
En cuanto a la supuesta rentabilidad de la energía nuclear, el argumento más manido al que se suele recurrir es que la energía nuclear es barata. Solo se puede hacer esa afirmación desde un ejercicio tramposo de manipulación de datos elementales a considerar en cualquier actividad empresarial o económica. La gestión de los residuos y la reutilización de los mismos -ninguna de estas dos cuestiones está contemplada en la imputación de costes de esta actividad de generación eléctrica- es, entre otras cosas, literalmente incalculable. La cuantificación del riesgo y la estimación de la responsabilidad civil inherente a la actividad es otro concepto imposible de cuantificar.
Imaginemos que las empresas propietarias de la central de Garoña tuvieran que contratar una póliza de seguro que cuantificase los daños de un hipotético accidente de características similares al de Fukushima, ¿Cuánto costaría esa póliza de seguros? ¿Cuál sería la repercusión en el kilovatio producido por la central si se imputasen los costes reales de gestión de los residuos y de seguros de responsabilidad civil?
La única razón por la que se habla de energía barata es porque las instalaciones nucleares están hiperamortizadas por las compañías propietarias y como no se les exige la imputación real de los costes comentados anteriormente, se convierten en un suculento negocio redondo. El Estado protege a las compañías eléctricas por una razón simple: son su principal agente de recaudación tributaria. La mayor parte de nuestra factura eléctrica son impuestos que las eléctricas nos facturan para llenar sus arcas y las de la Administración.
Esta semana hemos tenido conocimiento de una noticia alarmante que procede de la empresa General Electric, fabricante de la tecnología de la central de Garoña: la técnica empleada en la refrigeración del reactor es susceptible de fallos en situaciones de movimientos sísmicos, pudiendo provocar la fusión descontrolada del núcleo... ¡Santa María de Garoña, ruega por nosotros!
