1997ko
abenduaren
1ean
56. alea
SUMARIO
-Reflexión
sobre la cumbre de Luxemburgo.
-Carta
de Derechos Sociales.
REFLEXIÓN SOBRE
LA CUMBRE DE LUXEMBURGO
Los pasados días 20 y 21 de noviembre se ha celebrado en Luxemburgo
la Cumbre Extraordinaria sobre el Empleo. Este Consejo Europeo ha supuesto la
culminación de un proceso que se inició en Amsterdam en junio, cuando la
Cumbre celebrada para reformar el Tratado de Maastricht dio a la siguiente
Presidencia, la luxemburguesa, el mandato de celebrar un Consejo Extraordinario
sobre el empleo.
Tras una serie de textos previos y posturas divergentes, se llegó el
pasado viernes al compromiso de todos ya conocido. Ante el mismo podemos hacer
algunas reflexiones:
- Pese a las críticas negativas sobre la escasa implicación de Europa
ante el paro, hay que reconocer que los tímidos pasos de la Cumbre en favor del
empleo constituyen pasos de gigante mirándolo desde una perspectiva histórica.
Todavía hace cinco años, previamente a la aprobación del Tratado de
Maastricht, había quien defendía la posición de que la Unión Europea no
debería inmiscuirse nunca en materias sociales y de empleo. Incluso el apartado
social de Maastricht contó con la excepción británica. Hoy, cinco años después,
una acción coordinada en Europa en contra del desempleo es ya posible.
Lo importante es echar a andar. Cuando los seis Estados de la Comunidad
aprobaron en 1971 el Plan Werner para la Unión Monetaria, los criterios de
convergencia actuales y el euro eran un simple sueño. En el caso del empleo, se
ha abierto un camino en común que antes no parecía posible.
- El Acuerdo de Luxemburgo reconoce la competencia de los Estados
miembros sobre la política de empleo. Sin embargo, se añade el reconocimiento
del valor añadido que puede suponer la coordinación de las políticas de
empleo a nivel comunitario.
En este sentido se marca una estrategia novedosa de coordinación
de las políticas de empleo basado en el 'método de los criterios de
Maastricht'. Es decir, unas directrices a nivel europeo en materia de empleo,
que se concretan en unos planes de empleo con objetivos cuantificables a nivel
estatal, que tendrán un seguimiento de vigilancia multilateral, es decir, a
nivel europeo. Por expresarlo gráficamente, cada país se marca sus propios
objetivos dentro de unas directrices generales, y a nivel europeo deberán pasar
un 'examen moral' anual, sin que se prevea un mecanismo de sanciones. Por tanto,
entendemos que este 'control' comunitario puede ser incentivador y puede ayudar
en la priorización de las políticas para combatir el paro.
-¿Cuáles son las directrices generales para el año 1998?
a) Combatir el paro juvenil y
el de larga duración, ofreciendo formación, prácticas o empleo a todo
joven que lleve seis meses parado, o a cualquier parado que lleve doce meses. Es
decir, se lleva a la práctica la afirmación de que la formación es el mejor
arma para hacer disminuir el desempleo. Este programa debería ser llevado a
cabo antes de cinco años.
b) Se propone ir sustituyendo progresivamente las medidas pasivas
(subsidios) por activas (formación e inserción). En esta línea se marca
el objetivo de ir aproximando las cifras de inserción o formación de parados a
aquellos tres Estados con mejores resultados, con un aumento mínimo del 20%.
c) Se insta a los interlocutores sociales a fomentar mediante la cooperación estas acciones de formación de
parados.
d) Por otra parte se insiste en la
necesidad de actuar sobre el sistema educativo, reduciendo el fracaso
escolar, e incorporando en mayor medida las nuevas necesidades tecnológicas en
la formación de los jóvenes. En esta línea se insta a desarrollar sistemas de
aprendizaje.
e) Todo ello se pretende combinar con medidas
para desarrollar el espíritu de empresa (reduciendo cargas administrativas
para la empresa, o fiscales para el autoempleo), la
disminución de la carga fiscal sobre el trabajo que deberá ser progresivamente
sustituida por nuevas cargas como es el impuesto sobre la energía o cargas
contaminantes, y mediante el fomento de nuevos yacimientos de empleo en nichos
todavía no satisfechos por el mercado.
f) Asimismo, se preconizan medidas
para adaptar mejor las empresas a las nuevas realidades, mediante la modernización de la organización del
trabajo y de sus tiempos.
En general, una batería de medidas, todas ellas positivas, muchas de las
cuales están siendo ya preconizadas desde las propias administraciones vascas
en la medida de sus posibilidades, pero con la novedad introducida de unos
objetivos cuantificables que pueden permitir una incentivación en la priorización
de los recursos presupuestarios. Podríamos resumir en que el facilitar la
creación y desarrollo de las empresas, así como el formar para las necesidades
de las mismas a los que tienen mayores dificultades de inserción en el mundo
laboral, ayudándoles complementariamente reduciendo la carga fiscal de su coste
salarial, son los ejes para la creación de empleo en una política europea
coordinada.
Sin embargo, llama poderosamente la atención el hecho de que la
más importante y ambiciosa de las medidas, la correspondiente a combatir el
paro juvenil y el desempleo de larga duración, no será de aplicación obligada
en cinco años para aquellos Estados con paros particularmente elevados, en
referencia implícita al Estado español.
Todo ello nos hace reflexionar sobre
la actitud política mantenida por el
Gobierno español ante esta
Cumbre. Sin haberla obstaculizado abiertamente, ha
sido reticente al propio desarrollo
de la misma. Y en lugar de asumir la oportunidad de unirse al liderazgo de
una Cumbre que ha buscado enfrentarse a un problema que atenaza particularmente
al Estado español, ha sentido este Consejo de Luxemburgo como una amenaza a sus
posiciones.
Esta 'excepción española' a la
principal medida del Consejo es una muestra de ello. La alegación a las
dificultades presupuestarias para cumplir este objetivo no es razonable si
realmente se entiende que las políticas activas de empleo deben tener una
priorización en todos los presupuestos. Ello es menos entendible cuando el
propio Consejo de Luxemburgo ofrecía vías de financiación. Así debe ser
entendido el apartado que una de las propuestas del Presidente del Consejo,
Juncker, preveía en origen: "Buscar todo tipo de medidas para fomentar las
oportunidades de empleo en todas las secciones del presupuesto de la Unión
Europea, en particular en las categorías 2 (Fondos Estructurales) y 3 (Políticas
internas)".
El Gobierno español no ha parado hasta dinamitar esta posibilidad de
utilización de los Fondos Estructurales para fomentar políticas de empleo,
forzando la aprobación en Luxemburgo de una forma diluida que dice lo
siguiente: "El Consejo Europeo desea que la próxima reforma de los Fondos
Estructurales se inspire en la experiencia adquirida hasta la fecha para
utilizar mejor los Fondos al servicio del empleo cada vez que ello sea posible,
en el desempeño de los objetivos que le son asignados, y
en el respeto de su principal vocación, encaminada a garantizar la recuperación
de las regiones menos desarrolladas". (el subrayado es nuestro).
Esta formulación diluida supone el impedir de hecho una utilización
progresiva mayor de estos Fondos para el empleo. Pero además es peligrosa.
Porque supone una violación del reglamento de los Fondos Estructurales en favor
de las regiones objetivo 1, definidas según el reglamento que rige los Fondos
Estructurales (CEE 2081/93) exactamente como "regiones menos
desarrolladas". Definición diferente a "regiones en declive
industrial", "regiones fronterizas", "paro de larga duración",
"inserción de jóvenes", "desarrollo rural" o
"adaptación de estructuras pesqueras" que constituyen en ese
reglamento objetivos igualmente definidos de los Fondos Estructurales (objetivos
2, 3, 4, 5a y 5b).
¿Por qué se incluye esta
referencia incorrecta en las Conclusiones de Luxemburgo? Además de frenar
la posibilidad de aumentar la aportación del presupuesto comunitario frente al
paro, se intenta priorizar a futuro a
determinadas regiones frente a otras en el reparto de los Fondos Estructurales.
Y todo ello bajo presión española. Por ello es difícilmente entendible esta
postura del Gobierno español, que por un lado se desengancha de las
Conclusiones de la Cumbre alegando dificultades presupuestarias, y por otro impide que el
presupuesto comunitario financie dichas medidas.
Concluiríamos diciendo que la Cumbre
en su conjunto ha sido positiva, ya que supone un paso adelante en la
construcción de una Europa social, necesaria para una construcción política
europea futura. Las medidas se centran en lo fundamental, en aquello que en una
economía globalizada puede ayudar a ofrecer empleo, centrándose en la formación
y en la inserción. Como sombra evidente,
echamos de menos una mayor implicación y esfuerzo del Estado español en el liderazgo de esta coordinación de políticas contra el
paro a nivel europeo, dada nuestra situación de Estado con mayor paro de la
Unión Europea.
EAJ-PNV Parlamento Europeo.
Noviembre de 1997
CARTA
DE DERECHOS SOCIALES
La semana pasada se tomaba en consideración en el Parlamento Vasco
una Iniciativa Legislativa Popular para una carta de Derechos Sociales con el único
voto en contra del Grupo Nacionalista.
Esto puede resultar extraño cuando hemos sido nosotros quienes hemos
impulsado en este País las políticas sociales más avanzadas, como el propio
Plan de Lucha contra la Pobreza, a pesar de todas las críticas recibidas,
encabezadas por la Ministra socialista Matilde Fernández.
Por lo tanto, en nuestro ánimo, una vez más, no estaba optar por lo más
fácil y exento de críticas que hubiera sido
votar a favor con las excusas de ser la primera Iniciativa que llega al
Parlamento o que tiene 80.000 firmas detrás etc..., y luego ya veremos que sale
definitivamente, sino optar por decirles la verdad desde un principio
a sus propuestas y actuar responsable y coherentemente con las
actuaciones que en esta materia están previstas, susceptibles de modificación
y mejora, pero realistas con las posibilidades de nuestra Comunidad.
Así nuestra posición se fijó partiendo de dos premisas:
1.- El Gobierno Vasco ya está actuando contra la exclusión social y
acababa de trasladar al Parlamento Vasco un Proyecto de Ley y en materia de
empleo tenía una serie de propuestas realizadas y a realizar después de los
debates monográficos, Marzo 96 y Junio 97, sobre el empleo en nuestra
Comunidad.
2.- Nuestras reuniones con la Plataforma Gogoa impulsora de la Iniciativa
Legislativa Popular.
Desde este contexto no tendría que haber complejos, sobre todo por los
partidos del Gobierno, porque se nos hubiera pillado en esta materia sin actuar
y que los ciudadanos nos lo hubieran tenido que recordar, no era esa la actuación
porque ya está actuando y es un tema prioritario en la acción del gobierno,
con mayor o menor fortuna.
Ha sido en la posición ante la Plataforma y su iniciativa donde se han
liberado las contradicciones y algunos han enseñado sus miserias y vergüenza,
tanto partidos de gobierno como de oposición. Esta sensibilidad nos la debieran
demostrar en todos los foros.
La Plataforma Gogoa había redactado una iniciativa en la que solicitaba
una carta de derechos sociales, pero además, jugaba con la baza sentimental de
ser la primera Iniciativa popular que llegaba al Pleno del Parlamento. Lo
decimos porque éste ha sido el argumento principal para algunos. Otros creemos
en los instrumentos de participación que hemos puesto al alcance de los
ciudadanos, y por lo tanto, no nos supone nada especial que se utilicen.
A salvo este "valor añadido" que se le daba, la Plataforma
planteaba mediante la petición de una Carta de Derechos Sociales una serie de
medidas concretas en materia de política de reparto del tiempo de trabajo y la
renta básica para todos los ciudadanos en situación de demanda de empleo
equivalente al salario mínimo interprofesional.
Desde el primer día se le dijo a la Plataforma que ya desde el punto de
vista técnico-jurídico, tenía muchas dificultades su Iniciativa, entre lo que
pedían: unas medidas concretas y lo que querían: Una Carta de Derechos
Sociales. Si bien existe ese problema de la forma jurídica reconocido por la
propia Plataforma, siempre insistió la misma en no querer una Carta con una
declaración de principios o Derechos, que lo que quería eran propuestas
concretas. En la carta, entre otras medidas se solicitaban: Reparto del tiempo
de trabajo en la Administración Pública y en concreto: Jornada de 32 horas,
adelantamiento edad jubilación a los 60 años, eliminación de horas
extraordinarias y sustitución de las formas de contratación temporal por
contratos estables, así como la renta básica.
Este es un tema que está a debate en todos los foros de nuestro entorno
y está en discusión abierta la incidencia y consecuencia de todas estas
medidas por el empleo, cuya aplicación se está experimentando en la mayoría
de los casos de manera particular y no general, mediante el diálogo, el
consenso y la negociación. Por lo tanto, les planteamos que independientemente
de las posibles competencias o no que tengamos, para dar algunas de las
soluciones nuestra línea es seguir por este camino y no precipitarnos en una
ley ante lo que todavía es un debate y discusión abierto en nuestra sociedad y
seguir adoptando medidas en ese sentido en este mundo tan cambiante y complejo
del mercado laboral, mediante un diálogo permanente
Administración Pública y agentes económicos y sociales.
En cuanto a la renta básica, nosotros somos más partidarios de medidas
sociales vinculadas a la inserción frente a las propuestas neoliberales de
rentas básicas y café para todos, independientemente de las diferencias y
especificidades de las personas. Somos más partidarios de medidas de
discriminación positiva, más solidarias, más cercanas al excluido y desde él,
desde su reconocimiento como igual a nosotros. Por lo tanto, era mejor camino de
encuentro para nosotros trabajar en la línea de la Ley de Exclusión Social.
Eso como concepto, aparte queda la no viabilidad económica de la medida, cuyo
costo ascendía a unos 200.000 millones de ptas. anuales.
Por todas estas razones, entendíamos que admitir a trámite este texto
como documento-base para luego dejarlo irreconocible era cuando menos un fraude
con estas 80.000 personas. Por respeto a los que la han presentado, pero sobre
todo a quienes están padeciendo de alguna manera, esta situación de exclusión
no podíamos engañarles y generar expectativas que no van a ser cumplidas.
Porque nosotros si creemos en un nuevo estilo de hacer política, que pasa por
decir primero la verdad al ciudadano aunque sea duro e ingrato si queremos tener
credibilidad y afianzar una relación más estrecha con la sociedad a la que nos
debemos y que nos ha mandado para gobernar.
