Izaskun Bilbao ha manifestadosu pleno apoyo y aplauso a la iniciativa planteada por el presidente de su grupo de convertir la reunión de ministros de Justicia e Interior del próximo 14 de septiembre en una cumbre europea de jefes de gobierno
La vicepresidenta del grupo ALDE, Izaskun Bilbao Barandica, ha manifestado hoy su pleno apoyo y aplauso a la iniciativa planteada por el presidente de su grupo de convertir la reunión de ministros de Justicia e Interior del próximo 14 de septiembre en una cumbre europea de jefes de gobierno que aborde con todos los recursos disponibles la crisis que produce el masivo movimiento de refugiados hacia Europa. La eurodiputada jeltzale ha apoyado las medidas adoptadas por autoridades locales y regionales para encauzar la solidaridad con la que la ciudadanía responde a esta crisis y cree que estos movimientos forzarán un cambio en el inmovilismo con que los estados están afrontándola.
Izaskun Bilbao Barandica ha explicado las cinco cuestiones con las que han contribuido los jeltzales a construir la posición de su grupo en la eurocámara con vistas al debate que se celebrará en Estrasburgo el próximo miércoles. "Hemos apostado por humanizar este debate, por que hablemos más de los valores que están en juego y utilicemos otros lenguajes. Primero las personas, atenderlas y respetar su vida y su dignidad. Hemos recordado además el papel que, a nivel personal, podemos jugar cada uno de nosotros. Pero además hemos insistido en que desde que ocurrió la primera crisis de Lampedusa los estados han venido rechazando sistemáticamente adoptar una posición común ante el drama de la inmigración y los refugiados, cuyas bases fueron propuestas entonces por la Comisaria de Interior Cecilia Malmstrom. Esta crisis es una demostración más de que necesitamos una verdadera Europa Federal con instituciones comunes capaces de poner en su sitio a los estados cuando optan por el inmovilismo ante crisis como esta".
La vicepresidenta de ALDE ha considerado oportunas las medidas adoptadas desde diversas instituciones locales y regionales, entre ellas muchos ayuntamientos vascos y el propio gobierno autónomo, para "canalizar la solidaridad con que las y los ciudadanos están respondiendo ante un drama que tiene nombre y apellidos, el de los miles de personas que mueren huyendo de la guerra, de la persecución o del hambre y se chocan contra la inhumanidad y la burocracia". La eurodiputada vasca cree que estas actuaciones "van a obligar a los estados a cambiar de posición porque son fruto de un movimiento ciudadano en favor de la solidaridad como el que salvó a tantos europeos de la muerte y la desolación cuando la guerra asoló este continente".
Izaskun Bilbao Barandica en línea con las posiciones de su grupo ya hizo público el pasado mes de abril un decálogo para enfrentar la crisis de los inmigrantes y los refugiados y apoya las cinco medidas planteadas por los Democrátas y Liberales en la Eurocámara para resolver la situación. Para empezar es crítico crear refugios seguros en las zonas de conflicto en las que se suministre a los refugiados visas humanitarias y condiciones dignas de vida. Se debe combinar esta medida con la creación de rutas legales de acceso a Europa para impedir que las personas que huyen caigan en manos de las mafias que hacen de esta tragedia un lucrativo negocio. Resulta además imprescindible investigar y perseguir a los responsables de las mismas. "No es posible que la legislación europea este fomentando estas mafias. Muchos de los refugiados pueden pagar un billete de avión pero no pueden utilizarlo para huir de las zonas de conflicto porque no tienen una visa que les permita entrar en Europa. Así acaban en manos de estos traficantes de seres humanos."
Además el PNV apuesta por aplicar la directiva de protección temporal de modo inmediato a todos los refugiados que han llegado a Europa y forzar la inmediata aprobación de un mecanismo de solidaridad e intercambio que distribuya equitativamente los refugiados entre estados miembros. Igualmente se apuesta por la mejora de Frontex para fortalecer el espacio Schengen y se rechaza cualquier actuación unilateral estado a estado o cualquier propuesta que abogue por restaurar las antiguas fronteras nacionales. Finalmente apoya la creación de una tarjeta azul europea similar a las que funcionan en Canadá, los EE.UU. y Australia para facilitar también la integración laboral de las personas y el talento que huyen de las zonas de conflicto y de la pobreza.
Política penitenciaria
Asimismo, la eurodiputada de EAJ-PNV Izaskun Bilbao Barandica ha solicitado hoy a la Comisión Europea que agilice las gestiones emprendidas desde Bruselas para corregir el incumplimiento por parte de España de la decisión marco que obliga a todos los estados de la Unión a reconocer las penas cumplidas en otros países. Los jeltzales destacan que este incumplimiento amenaza la construcción de un espacio único de libertades y justicia en Europa, detallan episodios que lo acreditan y preguntan a la Comisión Europea si llevará el asunto al Tribunal Europeo de Justicia si persiste el incumplimiento.
El PNV recuerda en su iniciativa que la Comisión Europea ya aclaró que la citada Decisión Marco es de obligado cumplimiento y que Bruselas pensaba intervenir para propiciar que la legislación comunitaria se aplique “de modo homogeneo en toda la Unión Europea”. Ambas declaraciones se produjeron como respuesta a preguntas de la propia eurodiputada que viene desarrollando una sistemática labor de control sobre las actividades desplegadas por la Comisión Europea en torno a este asunto. La tutela europea sobre España en este tema es insoslayable porque las vulneraciones de Derechos básicos como la igualdad o no retroactividad, protegidos por la Carta Europea de Derechos Fundamentales se producen aplicando legislación comunitaria.
Por ello Izaskun Bilbao Barandica pide detalles sobre las gestiones realizadas hasta la fecha y qué resultado han dado y plantea si la comisión se dirigirá al Tribunal de Justicia si persiste la negativa de España a acatar una legislación que su gobierno aprobó en el seno del Consejo Europeo. Además plantea qué medidas pueden adoptarse para restaurar la confianza entre estados necesaria para construir un espacio común de justicia y libertades que se basa en el reconocimiento mutuo de los sistemas penales y las instituciones judiciales. Un estado de ánimo quebrado por el incumplimiento estatal que ha provocado un profundo malestar en otros estados miembros.
En la iniciativa Izaskun Bilbao revela que el flagrante incumplimiento de las autoridades españolas de una normativa europea en vigor ha comezado a producir efectos patentes en las relaciones bilaterales de varios estados miembros con España. La eurodiputada jeltzale recuerda por ejemplo que Gran Bretaña acaba de negar la extradición de personas acusadas de delitos de terrorismo, en referencia al caso de Domingo Troitiño. Además cita diversas informaciones que ”apuntan a que cuestiones vinculadas con este asunto o con medidas de coordinación relativas a cuestiones de interés común en el tratamiento de determinadas expresiones de terrorismo, afortunadamente desaparecidas, se han retirado de las agendas de algunas cumbres bilaterales porque no se comparte el tratamiento penal de excepción, incompatible con la legislación gala, que se propina en España a penados por delitos de terrorismo. Hoy, concluye la eurodiputada, afloran ya en los medios algunas de estas divergencias”, en clara referencia a la colisión entre España y Francia registrada ayer mismo por la decisión francesa de acercar progresivamente a algunos reclusos a los penales galos más próximos a la Comunidad Autónoma Vasca.
Como se recordará En diciembre de 2014 España aprobó la ley orgánica 7/2014 de transposición de la Decisión Marco 2008/675/JAI, que excluye expresamente el reconocimiento de efectos de las sentencias extranjeras en determinados casos, con lo que trata de impedir que se tengan en cuenta las sentencias y las penas cumplidas en Francia impuestas a presos de ETA. De este modo se modificaba la jurisprudencia surgida para aplicar la legislación europea citada, que si les reconocía efectos. Por ello, numerosos jueces consideraron que dicha ley contravenía lo dispuesto en la letra y el espíritu de las normas europeas y propusieron plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia. Esta propuesta fue cortada de raíz por una decisión del Tribunal Supremo, que cuenta con numerosos votos particulares. Todos ellos consideran que la ley española y las sentencias y decisiones adoptadas en torno a este asunto infringen derechos fundamentales básicos protegidos por el Convenio Europeo de Derechos Humanos (igualdad, irretroactividad penal).
La eurodiputada jeltzale considera que estas decisiones legislativas y judiciales “revelan que en España se sigue aplicando un derecho penal de excepción sobre algunas personas y que estas políticas no se comparten en Europa. Mientras en Europa hablamos de coordinación, colaboración y revisión del anticuado concepto de seguridad nacional, En España el gobierno sigue atascado con endurecer las penas y vulnerar derechos fundamentales. Además se constata una sumisión de buena parte del poder judicial a unas prácticas que no contribuyen a solucionar ningún problema, sino a agravar los que existen”.